Reunión entre SUTEF y Melella: el Gobernador condicionó la discusión sobre el financiamiento educativo a la firma con YPF, pese a que este año la Provincia ya recibió US$ 4,5 millones de petroleras para proyectos prioritarios en educación. El conflicto por las desobligaciones sigue sin resolverse y no se anunció un plan de recupero de clases.
Dirigentes del SUTEF mantuvieron el viernes por la tarde una reunión con el gobernador Gustavo Melella y autoridades del Ejecutivo provincial en la Casa de Gobierno de Ushuaia, luego de reiterar un pedido de audiencia urgente para abordar la situación salarial, presupuestaria y estructural del sistema educativo.
Durante el encuentro, el Gobierno se comprometió a iniciar la mesa paritaria 2026 durante la segunda quincena de enero, ante el planteo del gremio de avanzar en una negociación anual con cláusulas que garanticen el Salario Mínimo, Vital y Móvil conforme a la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.
Uno de los ejes centrales fue la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Provincial. Según informó el sindicato, el Ejecutivo sostuvo que parte de los recursos para Educación y Salud dependerían de la aprobación legislativa del traspaso de áreas de YPF a Terra Ignis, y que en ese marco se convocaría a SUTEF para presentar el proyecto de ley que sería enviado a la Legislatura.
Sin embargo, este planteo reavivó cuestionamientos sobre el destino de fondos ya comprometidos. El Artículo IX de los convenios firmados recientemente entre la Provincia y empresas petroleras privadas establece un aporte total de 4,5 millones de dólares estadounidenses (US$ 4.500.000) para la conformación de un Fondo de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), destinado prioritariamente a proyectos en educación, salud y seguridad. Dichos proyectos debían ser consensuados dentro de un plazo de 60 días, sin que hasta el momento se haya informado públicamente qué iniciativas se definieron ni qué parte de esos recursos se aplicó efectivamente al sistema educativo.
El debate por el financiamiento se da además en el marco de un año lectivo profundamente irregular. Durante 2025, numerosas instituciones no lograron cumplir con el calendario escolar y, en algunos casos, no alcanzaron siquiera una semana completa de clases continuas. Tampoco hubo anuncios sobre un plan integral para el recupero de jornadas y contenidos.
Otro de los puntos críticos sin resolución es la regulación de las denominadas “desobligaciones”, señaladas como paros encubiertos, pese al dictamen del Fiscal de Estado que instó a ordenar el funcionamiento del sistema. La ausencia de definiciones normativas prolonga la incertidumbre y profundiza el impacto sobre los estudiantes.
En la reunión también se abordó el endeudamiento de las familias docentes, la revisión de bajas de horas cátedra excepcionales, recortes en programas socioeducativos, la continuidad de la Escuela Popular de Géneros y el proceso de titularizaciones del Centro de Cultura Popular. Sobre la denominada transformación educativa, el Ejecutivo aseguró que no implicará recortes.
En este contexto, la discusión de fondo permanece abierta: si el problema del sistema educativo es la falta de recursos o la ausencia de planificación, ejecución y control sobre fondos que ya existen, mientras el derecho a la educación continúa seriamente afectado.
