El Gobierno aseguró que un cruce de datos reveló miles de Certificados Únicos de Discapacidad activos de personas fallecidas. El caso reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer una ley clave para garantizar derechos, sin tolerar abusos ni irregularidades.
El Gobierno nacional informó que detectó cerca de 180 mil Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) activos a nombre de personas fallecidas, tras un cruce de información entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). El hallazgo se produjo en el marco de una auditoría interna y volvió a encender el debate sobre la necesidad de reforzar los controles del Estado, sin poner en duda la importancia de una política pública central para millones de personas.
Según datos oficiales, los registros de defunción no habían sido impactados en el sistema de otorgamiento de certificados, lo que permitió que beneficios asociados al CUD permanecieran vigentes de manera irregular. A partir de esta detección, el Ejecutivo inició el proceso de baja administrativa de los certificados y evalúa avanzar con acciones judiciales para determinar responsabilidades.
El caso se da en un contexto de fuerte discusión pública sobre la política de discapacidad. La Ley de Discapacidad es una herramienta indispensable para garantizar derechos, acceso a prestaciones de salud, transporte y asistencia social. Su existencia y fortalecimiento resultan fundamentales para promover la inclusión y la igualdad de oportunidades. Sin embargo, situaciones como las detectadas exponen fallas estructurales en los mecanismos de control, que terminan afectando la credibilidad del sistema.
Desde distintos sectores coinciden en que defender la ley no implica tolerar abusos. Por el contrario, el correcto funcionamiento del sistema exige cruces de información permanentes y automatizados entre organismos del Estado, que permitan detectar incompatibilidades, fallecimientos u otras irregularidades en tiempo real. La ausencia de estos controles no solo genera un perjuicio económico, sino que también perjudica a quienes realmente necesitan el acompañamiento estatal.
El Gobierno calificó la situación como una posible “estafa al Estado” y no descartó avanzar contra quienes hayan utilizado beneficios de manera indebida, así como contra eventuales intermediarios o prestadores involucrados. En ese sentido, remarcaron que el objetivo no es recortar derechos, sino ordenar el sistema y asegurar que los recursos lleguen a quienes corresponden.
El desafío de fondo es encontrar un equilibrio: sostener una ley necesaria y justa, mientras se combate cualquier irregularidad que desvirtúe su espíritu. La transparencia y el control no son enemigos de las políticas sociales, sino condiciones indispensables para protegerlas y garantizar su continuidad.
