Mientras en la Cuenca del Golfo San Jorge la evaluación de los pasivos ambientales quedó a cargo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con plazos y reportes definidos, en Tierra del Fuego no se informó oficialmente qué organismo realizó la auditoría ni bajo qué metodología, y el procedimiento fue tercerizado fuera de la Secretaría de Ambiente.
La Provincia de Santa Cruz avanzó con un esquema de control ambiental al encomendar a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) la auditoría integral de los pasivos ambientales generados por YPF durante décadas de explotación hidrocarburífera en la Cuenca del Golfo San Jorge.
El acuerdo fue firmado en la ciudad de El Calafate junto con el decreto que autoriza la cesión de las ex áreas operadas por YPF a nuevas empresas petroleras. Participaron del acta el Gobierno provincial, la empresa estatal FOMICRUZ y la petrolera nacional. A diferencia de otros antecedentes, la auditoría no recaerá en una consultora privada, sino en una universidad pública con trayectoria académica y capacidad técnica reconocida.
El decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Alejandro Martínez, calificó el convenio como “un hecho histórico” y destacó que el trabajo contará con plazos definidos —estimados entre cinco y seis meses— y reportes parciales en los distintos yacimientos. En declaraciones al diario La Opinión Austral, subrayó que la participación de la universidad garantiza rigor técnico, independencia y transparencia en un proceso sensible.
Auditoría con metodología y plazos definidos
Desde la casa de estudios explicaron que la evaluación permitirá identificar, cuantificar y clasificar los pasivos ambientales existentes, aportando información objetiva para la toma de decisiones en un contexto de transición de áreas petroleras y cambio de operadores. El proceso se desarrollará con criterios científicos, procedimientos verificables y trazabilidad de los datos relevados.
El esquema adoptado por Santa Cruz se inscribe en un escenario de reconfiguración del mapa energético provincial, donde el relevamiento de los pasivos ambientales aparece como una condición central para asegurar responsabilidades claras y continuidad operativa bajo estándares ambientales definidos.
Un contraste en los mecanismos de control
En Tierra del Fuego, en tanto, el proceso seguido para evaluar el estado ambiental de las áreas transferidas no fue informado de manera oficial. Lo que se conoce hasta el momento es que la Secretaría de Ambiente provincial no habría sido la encargada de realizar la auditoría y que el análisis fue tercerizado en una fundación privada.
La situación tomó estado público a partir de la difusión de una fotografía tomada en la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego en la Ciudad de Buenos Aires, en la que se observa al ex viceministro de Ambiente de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, Sergio Federovisky, junto al presidente de Terra Ignis, Maximiliano Dalessio, en el marco de reuniones vinculadas al traspaso de áreas.
Hasta el momento, no se difundieron detalles técnicos sobre la metodología utilizada, el alcance del estudio ni los resultados del análisis realizado en la provincia.
El rol del Estado en la evaluación ambiental
Las diferencias entre ambos esquemas vuelven a poner en debate el rol del Estado en la evaluación de los pasivos ambientales asociados a la actividad hidrocarburífera. Mientras Santa Cruz optó por un abordaje académico, con actores identificados, plazos definidos y reportes públicos, en Tierra del Fuego el procedimiento continúa sin precisiones oficiales.
En un contexto de cesión de activos estratégicos y redefinición del mapa energético, la existencia de mecanismos claros, transparentes y técnicamente fundados de evaluación ambiental se presenta como un elemento central para garantizar control efectivo y responsabilidades institucionales.
