El Ejecutivo avanza con la venta de Intercargo y Transener y evalúa sumar a AySA en 2026. Busca un esquema de transición que preserve servicios esenciales, atraiga capital privado y reduzca la presión fiscal sin comprometer la calidad.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su agenda de reforma del Estado al avanzar con los procesos formales para privatizar Intercargo y Transener antes de fines de 2025. De manera paralela, equipos técnicos ya evaluan la situación patrimonial, regulatoria y operativa de AySA, que podría incorporarse en una segunda fase del cronograma, pensada para 2026. La estrategia oficial apunta a combinar reducción del gasto público, mejoras de eficiencia y un modelo de inversión que habilite la participación privada en áreas hasta ahora dominadas por empresas estatales.
En el caso de Intercargo, la compañía que brinda servicios de rampa en aeropuertos del país, el Ejecutivo activó una licitación pública nacional e internacional para transferir el 100% del paquete accionario. El objetivo declarado es modernizar operaciones, ampliar la oferta para aerolíneas y acelerar la incorporación de equipamiento tecnológico sin cargar esos costos al Estado. Funcionarios que trabajan en el proceso aseguran que la transición incluirá mecanismos para preservar la continuidad del servicio y asegurar estándares operativos homogéneos.
La privatización de Transener, la principal transportadora de energía eléctrica del país, se plantea como un eje central para aumentar inversiones en infraestructura y reducir cuellos de botella en el sistema. La venta se hará a través de la transferencia de acciones de su controlante y se abrirá a grupos locales y extranjeros. En el Gobierno afirman que una mayor participación privada podría agilizar obras de mantenimiento y expansión, especialmente en aquellas regiones donde la demanda energética crece de forma sostenida.
En cuanto a AySA, aún sin un anuncio formal, el Ministerio de Economía trabaja en escenarios regulatorios que permitan mejorar la calidad del servicio y, al mismo tiempo, disminuir la dependencia de subsidios. Entre las alternativas aparece un esquema mixto, con participación privada progresiva y controles públicos robustos para garantizar acceso, tarifas razonables y sustentabilidad ambiental.
En un contexto de debate intenso sobre el rol del Estado, la Casa Rosada busca posicionar la agenda de privatizaciones como una herramienta de transformación estructural. La propuesta oficial sostiene que un modelo de gestión más abierto a la competencia puede generar inversiones, reducir costos y fortalecer la prestación de servicios esenciales, siempre acompañado por marcos regulatorios que aseguren transparencia y protección a los usuarios.
