En FM Master’s, el economista Federico Rayes (ECOTONO) cuestionó la falta de información sobre la cesión de áreas de YPF a Terra Ignis y advirtió que las indefiniciones ambientales y los beneficios fiscales podrían favorecer a la empresa más que a la Provincia.
Un aval firmado sin documentación pública disponible
Rayes señaló que, aunque el Gobernador firmó el decreto que avala la cesión, ni Legislatura ni ciudadanía conocen el convenio entre YPF y Terra Ignis, ni los estudios de impacto ambiental ni el informe técnico de Hidrocarburos.
Esa ausencia —subrayó— impide evaluar condiciones, obligaciones y responsabilidades.
“No sabemos qué pasa con el capital, los equipos ni las responsabilidades de cada parte; todo eso está en un acuerdo que no conocemos”, dijo.
Pasivos ambientales y responsabilidades sin definición clara
Otro punto crítico es la falta de certezas sobre los pasivos ambientales y operativos.
Según Rayes, el decreto establece que, una vez aprobada la cesión, YPF deja de tener responsabilidad sobre lo que entrega. Pero la información disponible tampoco confirma que Terra Ignis asuma esos pasivos.
Esto abre una duda clave: “Si aparece un impacto ambiental no declarado, ¿quién responde? El decreto libera a YPF y el acuerdo no muestra que Terra Ignis se haga cargo”, advirtió.
Un esquema económico sin cánones ni bonos
En materia económica, Rayes afirmó que Terra Ignis no pagaría cánones fijos ni diferenciales, ni bonos de prórroga u otros pagos habituales en concesiones hidrocarburíferas.
Recordó que en prórrogas previas se fijaron bonos cercanos a 19 millones de dólares por fracción, mientras que aquí no se prevé nada similar.
“El único concepto que va a pagar Terra Ignis son las regalías del 12%. Nada más”, sintetizó.
Beneficios fiscales y sin obligación de transferir utilidades
Rayes recordó que la empresa goza de amplias exenciones impositivas y no enfrenta los pagos que sí se exigen a otras operadoras.
Además, la petrolera estatal no está obligada a transferir utilidades al Gobierno provincial: su marco legal le permite decidir libremente el destino de sus ganancias.
“La Provincia podría quedar sin cánones, sin bonos, sin impuestos y también sin participación en las utilidades”, señaló.
Inversiones bajas frente a prórrogas anteriores
El acuerdo contempla 200 millones de dólares en 10 años, pero solo 20 millones serían inversión genuina en exploración y explotación. Los 180 millones restantes son gastos operativos.
En prórrogas anteriores, las inversiones comprometidas superaban los 560 millones.
Menor producción y mayor fragilidad fiscal
La Provincia recibe unos 5 mil millones de pesos mensuales en regalías, pero enfrenta una caída del 30% en gas y 40% en petróleo.
En ese contexto, Rayes concluyó:
“Un acuerdo de esta magnitud debería fortalecer la recaudación futura. Sin información, no se puede evaluar si beneficia o perjudica a la Provincia”.
