El Ejecutivo presentó los lineamientos principales del texto que enviará al Congreso y busca ordenar el debate antes de las sesiones extraordinarias. Pese a matices entre sectores, la mesa avanzó y consolidó consensos en áreas estratégicas.
El Gobierno decidió adelantar al 9 de diciembre la presentación del documento final del Consejo de Mayo, el ámbito creado para articular reformas estructurales a partir del Pacto de Mayo. El objetivo es claro: asegurar que el paquete de iniciativas —incluida la reforma laboral— llegue a las sesiones extraordinarias con una arquitectura política más sólida y con acuerdos preliminares que permitan ordenar el debate parlamentario.
Durante la reunión, los consejeros trabajaron sobre los capítulos temáticos del borrador, que abarcan derechos individuales y colectivos, negociación colectiva, modernización del sistema laboral, simplificación de cargas, nuevas modalidades para autónomos y lineamientos de democracia sindical. Aunque el texto completo todavía está en instancia de revisión técnica, el Ejecutivo expuso los ejes centrales para acelerar la discusión y evitar demoras que puedan afectar el calendario legislativo.
Uno de los aspectos más valorados por los participantes fue que, a diferencia de etapas previas marcadas por filtraciones y versiones parciales, esta vez el Gobierno logró establecer un mecanismo de trabajo más ordenado y con instancias formales de intercambio. La anticipación en la comunicación, remarcaron consejeros del ámbito empresario, “permite planificar y evitar especulaciones” en torno al alcance de la reforma.
Si bien la representación sindical expresó diferencias en torno a eventuales cambios en la ultra activida de los convenios y al esquema de negociación colectiva, la continuidad de la CGT en el Consejo fue leída como un dato político relevante: el diálogo sigue abierto y las objeciones se procesan dentro del ámbito institucional previsto. En el Ejecutivo destacan que ese proceso, aun con matices, constituye una señal de madurez política en un momento en el que el país necesita previsibilidad regulatoria para impulsar la actividad.
En paralelo, los sectores productivos remarcaron que la reforma laboral es un componente clave para destrabar inversiones, reducir litigiosidad y dotar de mayor dinamismo a la creación de empleo formal. La expectativa es que el texto final logre sintetizar ese objetivo sin afectar derechos adquiridos.
Con la hoja de ruta confirmada para el 9 de diciembre, el Consejo de Mayo avanza hacia su primera prueba concreta: transformar consensos técnicos en proyectos legislativos capaces de ordenar un sistema que arrastra décadas de superposiciones y reglas obsoletas. La reunión dejó una señal nítida: el Gobierno apuesta a llevar la agenda antes que correr detrás de ella.
