La Justicia Federal imputó al gerente y a cinco técnicos por el desastre culposo del jet sanitario que en 2022 causó cuatro muertes. Un clip faltante en los alerones, omitido en el protocolo original, fue la causa del siniestro. Embargos millonarios y absoluciones para otros intervinientes.
A más de tres años de la tragedia aérea que conmocionó a la ciudad de Río Grande, la Justicia Federal emitió su primer pronunciamiento de fondo. La jueza federal Mariel Borruto resolvió procesar con embargo preventivo de 100 millones de pesos a cada uno de los seis imputados: el gerente de la empresa Air Delta, Daniel Jablonski, y cinco miembros de su plantel técnico.
La investigación determinó que el accidente del Lear Jet, perteneciente a la empresa Flying América, se originó por la falta de un clip esencial en el sistema de control de los alerones, una pieza cuya instalación fue omitida durante las tareas de mantenimiento realizadas en los talleres de Air Delta.
Esta omisión provocó que los cables de mando se fueran desprendiendo progresivamente hasta que, durante el despegue de la aeronave el 1 de julio de 2022, los alerones dejaron de responder, resultando en un viraje incontrolable hacia la izquierda que culminó en un impacto explosivo contra el suelo.
La tripulación fallecida estaba compuesta por el piloto Claudio Daniel Canelo, el copiloto Héctor Andrés Vittore, el médico Diego Ciolfi y la enfermera Denisse Torres García, quienes regresaban de una misión sanitaria.
La magistrada consideró que el representante técnico del taller, Rubén Barboza, el inspector Dino Sánchez, y los mecánicos Javier Gustavo Galera, Miguel Alberto Velárdez y Leonardo Echeverría actuaron de manera negligente.
En paralelo, se imputó al gerente Jablonski por no garantizar la efectividad del sistema de seguridad operacional de la organización.
Todos ellos fueron acusados por el delito de «desastre aéreo culposo agravado por el fallecimiento de cuatro personas», figura que contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión.
Como contrapartida, la resolución absolvió a otros cuatro técnicos del taller, así como a las empresas Air Delta y Flying América, dado que las personas jurídicas no son susceptibles de persecución penal, aunque sí enfrentan demandas civiles por reparación económica iniciadas por los familiares de las víctimas.
Un dato crucial de la causa reveló que el propio protocolo del fabricante de la aeronave obviaba este paso crítico, lo que motivó que tanto el tribunal como la ANAC emitieran recomendaciones para subsanar esta omisión vital en los procedimientos de mantenimiento.
