Tras la confirmación de su condena a cuatro años de prisión por la Tragedia de Once, la familia de Julio De Vido denunció que el exministro de Planificación Federal atraviesa condiciones de detención que calificaron como irregulares en el Hospital Penitenciario Central (HPC) de Ezeiza. Su esposa, Alessandra Minnicelli, realizó presentaciones judiciales y adelantó que podría promover un hábeas corpus si no hay una respuesta formal de las autoridades.
Reclamos por el estado de salud y la atención médica
Minnicelli afirmó que encontró a De Vido “deshidratado” y sin acceso a su medicación habitual. Según señaló, el exfuncionario —de 76 años y diabético insulinodependiente— no estaría recibiendo una dieta compatible con su cuadro clínico. También sostuvo que el bolso con sus pertenencias continúa en revisión y que no tendría acceso a insumos básicos.
La familia indicó además que De Vido no pudo bañarse desde su ingreso al penal y que se le negó agua caliente para preparar mate cocido. En el caso de la comunicación, mencionaron que el exministro solo puede utilizar un teléfono público con tarjeta una vez al día y que el sistema no está claramente explicado por el personal penitenciario.
Presentaciones judiciales
Frente a esta situación, Minnicelli realizó un planteo ante el Hospital Penitenciario Central y ante el juez a cargo de su detención. Señaló que, si no se garantizan condiciones adecuadas, avanzará con un hábeas corpus para exigir la intervención del Poder Judicial.
La defensa del exfuncionario evalúa, además, insistir con un pedido de prisión domiciliaria en función de su edad y patologías preexistentes.
Contexto del caso
De Vido quedó detenido esta semana luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena por administración fraudulenta en la causa que investigó responsabilidades políticas en la Tragedia de Once. En abril, la Cámara Federal de Casación había reducido la pena a cuatro años, y tras la confirmación del máximo tribunal se ordenó su inmediato traslado al penal de Ezeiza.
Respuesta oficial
Hasta el momento, el Servicio Penitenciario Federal no difundió un comunicado formal sobre las denuncias. Desde el entorno del exministro apuntaron a la cartera de Seguridad, aunque el Ministerio no emitió declaraciones públicas sobre el estado del detenido ni sobre los procedimientos aplicados en su ingreso al penal.
