La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la ejecución del decomiso y habilitó al Tribunal Oral 2 a avanzar con el recupero de bienes por la defraudación al Estado en obras viales de Santa Cruz.
Casación en un fallo de alto impacto político y judicial, ratificó el decomiso de $684.990 millones contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en la causa Vialidad. La decisión dejó firmes las resoluciones que habían habilitado el avance del proceso para recuperar bienes vinculados al perjuicio al Estado por el direccionamiento de la obra pública vial durante los gobiernos kirchneristas.
El tribunal rechazó los planteos de las defensas, que habían cuestionado tanto la competencia del Tribunal Oral Federal 2 como el método de actualización del monto. Los jueces consideraron que la ejecución debe continuar en sede penal y que el uso del índice de precios para actualizar la suma no resulta arbitrario, ya que busca preservar el valor real del daño económico.
La cifra surge de la estimación del perjuicio ocasionado por el sistema de adjudicación de contratos viales en Santa Cruz a favor del grupo empresarial de Báez. Con la condena firme, el decomiso se volvió una obligación legal accesoria, independiente de la pena principal, y se orienta a impedir que los responsables conserven beneficios patrimoniales producto de la maniobra delictiva.
Los fiscales habían solicitado que se avance de manera inmediata, argumentando que los condenados no realizaron aportes voluntarios para cubrir el monto fijado. Con esta confirmación, el Tribunal Oral podrá activar medidas para identificar, tasar y eventualmente rematar bienes de los involucrados. Entre los activos alcanzados figuran propiedades, vehículos y participaciones societarias que integran el patrimonio de los condenados.
El fallo constituye un paso decisivo en la etapa de ejecución y marca un hito en materia de recupero de activos en causas de corrupción. También reordena el escenario judicial del caso, que continúa generando repercusiones políticas, especialmente por el impacto patrimonial que representa para la ex presidenta y para el empresario que fue beneficiado con contratos millonarios durante más de una década.
