La ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, denunció penalmente al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, por sus dichos sobre “provocar la crisis del Gobierno”, a los que el Ejecutivo considera una amenaza al orden constitucional y a la estabilidad democrática.
Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, por considerar que una de sus recientes declaraciones constituye una amenaza al orden constitucional. El conflicto surgió luego de que Aguiar afirmara en una entrevista televisiva que su tarea era “provocar la crisis de este Gobierno”, expresión que para el Ministerio de Seguridad excede el ámbito de la protesta sindical y se interpreta como un llamado explícito a desestabilizar a un gobierno democráticamente constituido.
La presentación judicial, realizada por el abogado Fernando Soto, solicita que la Justicia Federal investigue si Aguiar incurrió en los delitos previstos en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, vinculados a amenazas contra el orden democrático. Para Bullrich, en su rol institucional como ministra —responsable de garantizar el orden público y el normal funcionamiento de las instituciones—, tales declaraciones no pueden ser consideradas simples críticas políticas, ya que podrían interferir con el ejercicio de las funciones presidenciales y con el envío de reformas legislativas al Congreso.
Su condición de senadora electa refuerza además la dimensión institucional de la denuncia, dado que próximamente integrará el Poder Legislativo, espacio donde se debaten y se resguardan los pilares de la democracia. Según su entorno, la decisión de accionar judicialmente busca “marcar límites claros” frente a expresiones que puedan afectar la legitimidad del mandato popular.
Por su parte, Aguiar sostuvo que la denuncia es “una persecución política” y defendió su derecho a cuestionar al Gobierno, calificando la medida como un intento de disciplinar la protesta social, más aún en la antesala del paro nacional convocado por ATE. El dirigente advirtió que las medidas de fuerza continuarán y acusó al Ejecutivo de “usar la Justicia para silenciar voces opositoras”.
El caso reaviva el debate sobre los límites entre la libertad de expresión sindical y la defensa del orden institucional, en un contexto de alta tensión política marcado por la discusión de reformas estructurales.
