La legisladora libertaria sostuvo que el gobierno provincial no puede eludir su responsabilidad en la crisis de la Caja Policial con la falta del pago de haberes a jubilados del ex territorio, y anunció que insistirá en su convocatoria a la Legislatura.
La legisladora provincial Natalia Graciania (La Libertad Avanza) señaló directamente al gobierno provincial como responsable de la crítica situación que dejó sin haberes a 540 jubilados de la ex policía territorial. Su afirmación se basó en el marco legal que rige a la Caja y en los pedidos de asistencia financiera que el organismo hizo al Poder Ejecutivo.
“El gobierno de la provincia no puede mirar hacia otro lado en esta situación porque quienes dirigen responden al poder ejecutivo provincial de turno”, afirmó la legisladora, presidenta de la Comisión de Seguridad, en FM Master’s.
Graciania fundamentó su postura en la ley 834, que establece que los directores de la Caja “son elegidos a propuesta del Jefe de Policía pero son nombrados por el Poder Ejecutivo provincial”.
Además, explicó que “la ley también prevé que, frente a situaciones complicadas desde el punto de vista económicas, la Caja policial puede solicitar asistencia al Poder Ejecutivo provincial”. Sobre este punto crucial, manifestó su desconocimiento sobre la respuesta del gobierno: “En las comunicaciones oficiales que la caja policial envió a la Legislatura han manifestado que han solicitado asistencia financiera al Poder Ejecutivo, entonces yo quiero saber si esa asistencia se otorgó, si no se otorgó, si se está otorgando”.
Esta situación motivó una reunión en la Legislatura de la que, pese a haber sido convocados, no participaron ni los directivos de la Caja Policial ni representantes del Ejecutivo. “Invitamos a la mesa a la totalidad del directorio de la Caja policial y al Poder Ejecutivo Provincial. La Caja policial envió una nota pidiendo una prórroga de la convocatoria (…) y el Ejecutivo no respondió formalmente la invitación”, detalló.
Pese a las ausencias, el encuentro permitió escuchar el drama de los afectados. “Muchos de ellos están enfermos, muchos con problemas para comprar remedios, muchos absolutamente endeudados”, relató. Ante este cuadro, la legisladora aseguró que se insistirá en convocar a los responsables: “Vamos a insistir en la presencia de la Caja policial y del Ejecutivo porque hay cuestiones que preguntar, hay responsabilidades que tienen ambas partes”.
Si bien aclaró que la Legislatura no tiene la solución directa al problema, Graciania reafirmó el compromiso de su comisión de actuar como nexo: “Nosotros le dijimos a los policías territoriales que no tenemos la solución de esta situación, pero tenemos la vocación de acompañar cualquier proceso”.
