Tras un año sin avances en Tierra del Fuego, el debate por la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) volvió a instalarse en la Legislatura, donde se planteó que el Parlamento es autónomo y debe tratar los proyectos que ingresan, sin condicionamientos del Ejecutivo.
Durante la reunión de comisión de este lunes, la legisladora Gracianía recordó que el rol de la Cámara es “poner los temas sobre la mesa y analizar lo que necesita la provincia”. Señaló que el Ejecutivo “puede opinar, pero no fija la agenda legislativa”.
Avance nacional y margen provincial
Gracianía enmarcó el debate local en el movimiento nacional:
. Más de 22 proyectos de adhesión están en tratamiento en distintas provincias.
. Nueve ya fueron aprobados, incluido el reciente en Santa Fe.
. En Chubut, la adhesión incorporó salvaguardas ambientales, lo que muestra que cada jurisdicción puede sumar criterios propios.
“Podemos tener reparos, incluso ambientales, pero sin discutir los puntos en común es imposible avanzar”, expresó.
Consultas técnicas y equilibrio
La legisladora destacó que el proceso legislativo permite requerir análisis sectoriales, técnicos, ambientales y tributarios antes de definir. Llamó a evitar posiciones extremas: “Los extremos no pueden frenar la posibilidad de inversión. Inversión es desarrollo”.
Contexto y oportunidad
En el marco de la situación económica nacional, Gracianía sostuvo que la provincia necesita generar condiciones para crecer: “Si no despegamos ahora, seguiremos en el mismo camino”.
Una herramienta para atraer inversiones
La adhesión al RIGI, afirmó, permitiría mejorar la competitividad de Tierra del Fuego para captar proyectos en infraestructura, energía, logística, turismo y tecnología, generando actividad económica y empleo genuino. “La provincia necesita inversiones y eso se logra con previsibilidad y reglas claras”, cerró.
