La propuesta de reforma tributaria buscaría reducir drásticamente la cantidad de impuestos y crear un «super IVA». El cambio enfrenta el desafío político de modificar la coparticipación y la autonomía provincial.
Ramón Gallardo, explicó que la iniciativa, aún no enviada formalmente al Congreso, apunta a aliviar la presión fiscal que posiciona al país con la carga más alta entre 30 naciones analizadas. «Argentina tiene el puesto número 1 en el ranking con respecto a la presión fiscal, con un 50,7%. Cualquier producto que se comercializa, el 50% son impuestos», detalló el contador en diálogo con FM Master’s.
Gallardo fundamentó la necesidad del cambio al describir el sistema actual como «perverso y nefasto para la economía». Señaló que la acumulación de tributos nacionales, provinciales y municipales sin coordinación «no solamente erosiona el costo de cualquier producto, quitándole competitividad, sino condenando a la población a pagar por precios excesivamente caros». Como ejemplo, citó un estudio sobre la cadena de la carne donde «un churrasco o una tira de asado tiene un 30% de ingresos brutos y fondo de financiamiento» acumulado en su proceso productivo.
Respecto a los ejes centrales de la propuesta, el especialista indicó: «Lo que buscaría es una reducción de más de 155 impuestos a 9, que son aproximadamente los que recaudan el 90% de los recursos».
Agregó que se planea una «eliminación gradual del impuesto al cheque» y una baja del impuesto a las ganancias para las personas físicas.
Sin embargo, el punto más complejo es la posible creación de un «super IVA». Gallardo explicó: «La Nación quedaría con un 9% propio. Y el resto se lo quedan las provincias… para que eliminen impuestos agresivos como ingresos brutos o la tasa de seguridad e higiene».
No obstante, advirtió sobre los desafíos políticos de la reforma, especialmente si se modifica la coparticipación. «Si llega a tocar la coparticipación, ya es una reforma de la ley y tendría que tener un acuerdo. No se puede meter contra la autonomía de las provincias», afirmó.
Este cambio generaría una competencia fiscal entre jurisdicciones, donde aquellas con las cuentas más ordenadas podrían aplicar alícuotas provinciales más bajas, mientras que las deficitarias, como Tierra del Fuego, enfrentarían mayores presiones.
