El puerto de Ushuaia volvió a estar en el centro de la escena. A pocos días de conocerse el informe elaborado por la Agencia Nacional de Puertos, que señalaba una serie de irregularidades administrativas y técnicas, la Dirección Provincial de Puertos solicitó una prórroga de diez días para contestar.
La presentación, elevada de manera formal al organismo nacional, busca disponer de un plazo adicional para elaborar el descargo técnico y documental. El informe federal había sido categórico en sus observaciones y encendió alertas sobre la situación jurídica y operativa del puerto fueguino.
El Puerto de Ushuaia fue habilitado como puerto comercial provincial en 2002, mediante el Decreto Nacional 2404/02, que lo define con carácter provincial, de uso público y con destino comercial. Su funcionamiento se enmarca en la Ley de Actividades Portuarias N° 24.093, cuyo artículo 10 establece que toda habilitación depende del mantenimiento de las condiciones técnicas y operativas que le dieron origen.
El Decreto Reglamentario 769/93 fija el régimen sancionatorio para los casos de incumplimiento, con posibles medidas que van desde la suspensión o intervención hasta la caducidad de la habilitación. Sin embargo, antes de adoptar cualquier resolución, la normativa contempla que la autoridad local pueda presentar su defensa y documentación respaldatoria.
Desde la Dirección Provincial de Puertos confirmaron que el objetivo de la prórroga es contestar punto por punto los señalamientos realizados por Nación, procurando preservar la continuidad del servicio mientras se sustancia el trámite administrativo.
En el ámbito portuario, las miradas son prudentes. Nadie desconoce la seriedad del informe, pero prevalece la idea de que una sanción extrema sería antieconómica y contraria al espíritu de la ley portuaria, que prioriza mantener la operatividad de las terminales.
Con más de quinientas recaladas anuales, el Puerto de Ushuaia constituye un pilar logístico y económico para la provincia. Por eso, algunos especialistas consideran que una intervención administrativa transitoria podría ser una vía razonable para regularizar la situación sin afectar la actividad ni los ingresos provinciales.
El reloj corre: en los próximos días se conocerá el descargo provincial, y de su contenido dependerá el rumbo de un proceso que mantiene expectante al sector marítimo fueguino.
