Lic. Rodrigo Almonacid
La enmienda que Chubut somete al veredicto popular este 26 de octubre no es un arrebato coyuntural: es un punto de inflexión institucional. Como politólogo sostengo que la eliminación de los fueros especiales para los tres poderes del Estado y la dirigencia sindical, impulsada por el gobernador Ignacio Torres, es un paso concreto para recomponer la confianza democrática: igual ley para igual ciudadano, sin atajos ni blindajes corporativos.
Mientras algunos se aferran a privilegios heredados, el gobierno provincial eligió dar la discusión que muchos temen dar: la de poner fin a la impunidad institucionalizada.
Hoy la Constitución local otorga “completa inmunidad” a gobernadores, legisladores, magistrados, ministros, miembros electivos y dirigentes gremiales, condicionando incluso el avance de causas penales al trámite de desafuero por mayorías calificadas.
Optar por el “Sí” suprime inmunidades de arresto, allanamiento, proceso y ejecución de sentencia; no toca la inmunidad de opinión. Fundado justamente en un hecho concreto: aquel diseño, pensado para proteger funciones, en la práctica se transformó demasiadas veces en una barrera de acceso a la justicia. Por ello, la enmienda propone, precisamente, retirar ese escudo procesal y permitir que las investigaciones y condenas avancen sin permisos políticos o corporativos.
El argumento del “NO”, sostenido por sectores opositores y por la Asociación de Magistrados de Chubut, afirma que los fueros no son privilegios sino garantías de independencia. Sin embargo, confunden independencia con impunidad.
La independencia judicial se asegura con concursos transparentes, inamovilidad, buen gobierno de la magistratura y rendición de cuentas; no con un vallado procesal que impide, demora o condiciona el accionar penal.
Pretender frenar el plebiscito en sede judicial, como intentaron referentes de esa Asociación, es además un gesto político regresivo porque niega al cuerpo electoral la decisión final sobre una reforma que la Legislatura ya habilitó en el marco constitucional adecuado. La discusión pública debe darse con más ciudadanía, no con menos y creo que las urnas expresarán esta cuestión.
Los que militan el “NO”, no defienden una idea de justicia, defienden un sistema que los ampara cuando el resto de los ciudadanos debe rendir cuentas. Ese es el verdadero privilegio que esta reforma pone en evidencia
Quedan dos certezas. Primero, la reforma ordena la arquitectura institucional. Elimina fueros personales sin afectar la libertad de expresión funcional, y alinea a Chubut con un estándar elemental del Estado de Derecho, la igualdad ante la ley. Segundo, envía una señal ética nítida a todo el país y más en tiempos turbulentos para la institucionalidad: el poder no es un salvoconducto. En una provincia que busca cerrar un ciclo de desidia y privilegios, este es el tipo de reformas que recosen la legitimidad democrática.
Chubut puede convertirse en el primer eslabón de una cadena virtuosa: menos fueros, más ley; menos privilegios, más control. El mensaje trasciende lo provincial, si una comunidad decide que nadie está por encima de nadie, otras seguirán el ejemplo. La Argentina necesita señales claras; que la primera llegue desde el sur pondrá en agenda federal la discusión que la sociedad espera hace tiempo.
Que sea desde Chubut, con la decisión de un gobernador joven y un pueblo maduro, donde empiece la reconstrucción moral de la política argentina.
