La Municipalidad de Ushuaia presentó formalmente una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción N°3, en el marco de la causa iniciada por la ocupación ilegal de terrenos municipales ocurrida durante la noche del 17 de octubre en el sector de Barrio Escondido y Barrio Esperanza II.
La presentación fue realizada por el secretario de Gobierno, César Molina Holguín, y el jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte, quienes actuaron en representación del Ejecutivo municipal y solicitaron la constitución del Municipio como parte querellante, con el fin de acompañar el proceso judicial y aportar toda la documentación y pruebas recolectadas en el lugar.
De acuerdo a la denuncia, los hechos se desarrollaron de manera organizada y coordinada, mediante grupos de mensajería que promovieron el ingreso al predio, el armado de estructuras precarias y el desmonte de sectores del bosque urbano.
Entre las pruebas presentadas se incorporaron audios y mensajes que dan cuenta de la planificación previa de la ocupación, e incluso expresiones de uno de los principales impulsores, Diego Cerroti, quien en las grabaciones se atribuye “ser el dueño de la montaña” y menciona que “estaban calzados”, aludiendo a la posible presencia de elementos destinados a ejercer intimidación.
El Ejecutivo municipal subrayó que la denuncia busca proteger el patrimonio público y preservar el orden urbano, en el marco de una política sostenida de acceso regular al suelo a través de los programas y herramientas de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial.
Finalmente, y ante la importancia que como bien social escaso tiene la tierra en nuestra ciudad, el Municipio consideró necesario destacar que los hechos ocurrieron a una semana de las elecciones nacionales, y que las personas identificadas en el lugar no registran antecedentes en programas de atención social ni figuran en el padrón de demanda habitacional vigente, lo que permite inferir que no existía una necesidad real de vivienda.
En ese contexto, se entiende que detrás de la toma existieron intereses de otra índole, de carácter político y/o pecuniario, razón por la cual se solicitaron las medidas de prueba correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades pertinentes.
