El hecho dejó como víctimas a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Sus muertes no sólo se investigan como homicidios agravados, sino que fueron calificadas judicialmente como femicidios. Esto reconoce la violencia por razones de género, en línea con la Ley 26.485 y la Convención de Belém do Pará.
El principal imputado, Miguel Ángel Villanueva Silva, de nacionalidad peruana e indocumentado en Argentina, fue acusado de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género. Su pareja, Iara Daniela Ibarra, recibió la misma imputación. De ser condenados, ambos enfrentarán prisión perpetua.
Los otros dos detenidos, Andrés Parra y Magalí González, fueron acusados de encubrimiento agravado, ya que habrían colaborado en la limpieza de la escena del crimen. Todos permanecen detenidos por decisión judicial.
La perspectiva de género es central: los asesinatos de Brenda, Morena y Lara refuerzan la obligación estatal de investigar y sancionar la violencia femicida, conforme al CEDAW y a la normativa nacional. Sin embargo, el contexto del caso exige también examinar el rol del narcotráfico como entramado criminal.
La investigación apunta a un posible móvil vinculado al narcotráfico. La pista señala a un supuesto traficante conocido como “Pequeño J.” o “Julito”, quien habría ordenado los crímenes. Sin embargo, su identidad real y presencia en el país no están confirmadas en registros oficiales.
La PROCUNAR, especializada en delitos de narcotráfico, fue convocada para colaborar. No obstante, ni en sus bases de datos ni en otros organismos judiciales y policiales aparece vinculación formal de “Julito” o Villanueva Silva con redes narco. Esto revela falencias en el control migratorio y en la detección de estructuras criminales.
Este triple femicidio interpela al sistema judicial argentino a profundizar investigaciones sobre narcotráfico y crimen organizado, sin perder de vista la obligación de prevenir la violencia de género. Solo articulando ambas dimensiones será posible garantizar justicia y cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el país.
