El secretario de ATE detalló que el acuerdo con el Gobierno era por una suma no bonificada de $40.000 netos más $25.000 en aportes patronales, que beneficiaría a activos, pasivos y RUPES. Acusó al Estado de aplicar un pago menor, parcial y sin los descuentos acordados.
En diálogo con FM Master’s, Carlos Córdoba, secretario de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), explicó los pormenores del conflicto salarial que mantiene con el gobierno provincial.
El dirigente sindical afirmó que lo acordado en la mesa de negociación dista significativamente de lo que finalmente se implementó. Según su relato, el pedido formal de ATE consistió en una suma fija de 40.000 pesos de bolsillo para el trabajador, lo que implicaba que el Estado debía asumir la totalidad de los aportes jubilatorios y previsionales.
Este concepto, calculado en aproximadamente 25.000 pesos adicionales por empleado, elevaba el costo real de la mejora para el Estado a alrededor de 65.000 pesos por persona.
Córdoba enfatizó que este beneficio debía impactar por igual en los trabajadores activos, los jubilados (pasivos) y los beneficiarios del RUPE. Sin embargo, denunció que la implementación gubernamental fue parcial: solo se abonaron 40.000 pesos a los activos, sin que el Estado realizara los aportes correspondientes y excluyendo a los demás sectores. “Esos 25.000 no están, no están y es negro”, sentenció, calificando la situación como un incumplimiento.
Ante esta discrepancia, el sindicato realizó una asamblea donde los trabajadores rechazaron la propuesta tal como fue ejecutada.
El dirigente admitió que inicialmente dio su conformidad verbal al ministro de Economía, pero al profundizar en los detalles técnicos, comprendió que el acuerdo no se reflejaba correctamente en los términos escritos. “Cuando me di cuenta, vinimos a la asamblea, le explicamos a los compañeros que habíamos cometido un error y que necesitábamos rever esas situaciones”, explicó.
Actualmente, desde ATE sostienen que el pago es una suma “en negro” que no se incorpora al básico salarial y que, además, tendría una vigencia limitada a dos meses.
Frente a este escenario, Carlos Córdoba informó que mantienen movilizaciones y han presentado un proyecto ante la Legislatura para exigir la reparación salarial y avanzar hacia la unificación de un único escalafón para todos los trabajadores del Estado.
