El presidente del organismo previsional confirmó el severo desequilibrio financiero que afecta el pago de los haberes, con 1.040 beneficiarios y un déficit estructural. La venta de inmuebles y una reforma legal aparecen como soluciones urgentes.
El comisario Héctor Bordón, presidente de la Caja de los Policías Territoriales, expuso con crudeza la delicada situación que atraviesa el organismo previsional, confirmando un serio problema de liquidez que impide cumplir con las obligaciones en tiempo y forma.
En diálogo con FM Master’s, Bordón detalló: “Hoy nosotros tenemos un problema de liquidez, eso significa no tendríamos los fondos suficientes para poder cubrir todos los beneficios a los cuales la entidad está obligada a cumplir”. Reconoció el dramatismo de la situación, que afecta directamente a los jubilados y pensionados.
Explicó que el desequilibrio estructural es la causa raíz: “Nosotros hoy por hoy tenemos mayor cantidad de beneficiarios en relación a los aportantes. Tenemos un total de 1.040 beneficiarios sobre una relación de más o menos 2.500 aportantes”. Agregó que un sistema sostenible requiere una relación de “entre 3 y 4 a 1, como mínimo”. Si bien los aportes del gobierno provincial se reciben e incluso se adelantan, no son suficientes.
Frente a este escenario, Bordón señaló que la estrategia para paliar la crisis incluye la venta de activos inmobiliarios de la caja, los cuales actualmente “no están generando ningún tipo de rédito”. Mencionó específicamente un terreno de 5.000 metros en Ushuaia, cuyo proceso de venta por licitación ya está en marcha. “Con mucha suerte, teniendo la posibilidad de concretar esa venta, nos posibilitaría reorganizarnos nuevamente con esta cuestión de los pagos”, afirmó con cauteloso optimismo.
Paralelamente, destacó la imperiosa necesidad de modificar la ley vigente del organismo, la 834, para darle “previsibilidad a la caja, no solamente ahora, sino en el futuro”.
Héctor Bordón confirmó que se está trabajando en un proyecto de reforma junto a las jefaturas de las fuerzas, la Secretaría de Ley Técnica de la Gobernación, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, con el objetivo de estabilizar el sistema a largo plazo.
