Con amplio respaldo, la oposición en el Senado aprobó una reforma clave que condiciona el uso de decretos de necesidad y urgencia del Ejecutivo. El debate exhibió fracturas políticas y consolidó la racha opositora.
El Senado aprobó por 56 votos a favor y 8 en contra una reforma que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo. Esta medida representa el 20° triunfo consecutivo de la oposición, consolidando su poder en la Cámara alta.
La propuesta fue respaldada por una amplia mayoría que incluyó desde el PRO hasta el kirchnerismo, pasando por radicales y fuerzas provinciales. Solo la senadora Carmen Álvarez Rivero (PRO) votó en contra, junto con La Libertad Avanza. El proyecto ahora deberá pasar por Diputados, donde el resultado es incierto.
La reforma a la Ley 26.122 establece que el Congreso tendrá 90 días para ratificar los DNU, lo que implica un cambio sustancial respecto del sistema actual, en el que basta con que una de las cámaras no los rechace. De este modo, se obliga a una posición activa del Congreso y no a la convalidación por omisión.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es delimitar los criterios de necesidad y urgencia, evitando los llamados megadecretos, como el 70/2023, que abarcó desde alquileres hasta reformas laborales. La medida busca dar mayor claridad y límites al Ejecutivo.
El debate expuso un giro del peronismo, que en 2006 había impulsado la actual normativa y hasta ahora se había resistido a modificarla. En esta ocasión, acompañó la reforma con pocas intervenciones, destacando el discurso de Anabel Fernández Sagasti, quien denunció un “descenso institucional” bajo la gestión Milei.
Las posiciones fueron diversas: mientras Carmen Álvarez Rivero cuestionó lo que consideró un plan de desestabilización al Gobierno, el radical Martín Lousteau defendió la necesidad de reformar la ley en nombre de la república. El correntino Carlos Espínola habló de restablecer un sistema de pesos y contrapesos.
El trasfondo político es claro: la oposición busca consolidar su rol de contrapoder frente al Ejecutivo, limitando las herramientas discrecionales del Presidente. En un contexto de conflictos institucionales y debates sobre Ficha Limpia y corrupción, la reforma representa un nuevo golpe a la Casa Rosada y fortalece la estrategia de control legislativo.
