El organismo de control requirió a la obra social provincial ocho expedientes completos de los últimos dos años, en el marco de una investigación por el explosivo aumento del gasto y presuntas irregularidades en los procedimientos de compra.
En un requerimiento formal dirigido a la presidenta de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Mariana Hruby, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Tierra del Fuego solicitó la remisión urgente de ocho expedientes de contratación con la Droguería Suizo Argentina, estableciendo un plazo perentorio de tres días para su entrega.
El pedido abarca cuatro expedientes del año 2024 y otros cuatro correspondientes al presente ejercicio 2025.
Esta medida de control se enmarca en una investigación más amplia sobre el manejo de los fondos públicos de la obra social, la cual ha cobrado mayor relevancia a raíz del reciente escándalo nacional de corrupción que involucra a laboratorios y droguerías, tras la difusión de audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y el posterior allanamiento de su domicilio donde se incautaron importantes sumas de dinero en efectivo.
El vínculo comercial entre OSEF y la Droguería Suizo Argentina se remonta a 2017, pero fue la magnitud del crecimiento exponencial del gasto en los últimos veinte meses lo que activó las alertas del órgano fiscalizador.
Según los datos examinados, las compras a este proveedor, que en 2023 rondaban los 600 millones de pesos, experimentaron un incremento descomunal al trepar a casi 2.000 millones durante el año 2024 y repetir esa misma cifra en los primeros meses de 2025. El gasto total en ocho años asciende a 4.900 millones de pesos, concentrándose el 80% de dicho monto en este corto y reciente periodo.
La revisión preliminar realizada por el Tribunal de Cuentas detectó una serie de irregularidades sustanciales que motivaron el pedido de información integral. Entre los hallazgos se registran pagos devengados de manera extemporánea, erogaciones realizadas sin el debido crédito presupuestario y recurrentes incumplimientos de los plazos estipulados en los convenios.
La lupa de los auditores se centró específicamente en las adquisiciones efectuadas mediante el mecanismo de convenios directos, un procedimiento que, al reducir la competencia y eliminar la licitación pública, demanda un control exhaustivo sobre la razonabilidad de los precios de referencia y las cantidades adquiridas, aspectos que estarían bajo escrutinio.
Este escenario se ve enrarecido por el silencio oficial de la administración de OSEF. Diversos pedidos de informes elevados por la Legislatura sobre el manejo de los fondos y las contrataciones nunca obtuvieron respuesta, lo que alimenta la percepción de una gestión de dudosa transparencia.
