La Unidad de Información Financiera anunció la recuperación anticipada de un inmueble valuado en $165 millones, como parte de un extenso proceso contra redes de corrupción y lavado de dinero.
La medida representa un paso significativo en la recuperación de activos adquiridos con fondos de origen ilícito.
El inmueble en cuestión está ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza y fue confiscado tras un pedido formal de la UIF avalado por pruebas documentales y la intervención judicial correspondiente. La propiedad formaba parte de un entramado más amplio de operaciones que también involucran bienes de lujo en el exterior, incluyendo al menos cuatro parcelas en las islas Turks & Caicos.
El procedimiento aplicado, conocido como decomiso anticipado, permite al Estado recuperar bienes ilegales antes de que exista una condena judicial firme. Esta herramienta, en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), busca impedir que los activos desaparezcan o se desvanezcan durante el proceso judicial.
Desde la UIF destacaron que esta figura legal fortalece la respuesta del Estado contra el lavado de activos y la corrupción, y se aplica en causas donde la solidez de las pruebas permite actuar con premura. El organismo subrayó además la importancia de contar con un marco legal que habilite la incautación sin necesidad de esperar una sentencia definitiva, tal como se establece en la Ley 25246 y sus modificaciones.
“La recuperación de activos de la corrupción es tan importante como la condena. Es dinero que debe volver a la sociedad y no permanecer en manos del delito”, señaló el titular de la UIF, Paul Starc, quien remarcó la necesidad de una política activa, coherente y eficaz para combatir el lavado de dinero y la criminalidad financiera.
Este avance representa un caso testigo de cómo la legislación argentina se articula con estándares internacionales y demuestra el compromiso del país en la lucha contra el crimen económico.
