La Unión de Empleados de Justicia de la Nación intervino la seccional de Tierra del Fuego en 2022 tras detectar presuntos delitos penales y administrativos. Los implicados fueron expulsados del gremio y ahora enfrentan una indagatoria federal.
Federico Villone, integrante de la Comisión Directiva Nacional de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), explicó en FM Master’s el proceso que derivó en la imputación de tres exdirigentes del sindicato, citados a indagatoria por la Justicia Federal. Los hechos se remontan a principios de 2022, cuando la organización recibió denuncias por irregularidades en la seccional de Tierra del Fuego.
«La Comisión Directiva Nacional, en uso de sus facultades, dispone la intervención de la seccional 1, me dispone a mí como interventor y voy con un equipo interventor compuesto de contadores. Derivó en el inicio de sumarios administrativos, que finiquitaron con la expulsión del gremio de estas tres personas», señaló Villone. Además, la investigación reveló «irregularidades del tipo penal, como para poder llevar adelante una presunta comisión de delitos», lo que motivó una denuncia en sede federal.
El caso avanzó durante tres años hasta que el juzgado imputó formalmente a los exdirigentes. «Después de tres años se imputan estos delitos y se los cita a indagatoria para que ejerzan el derecho de defensa», detalló. Entre los imputados se encuentra Luis Bechis, ex secretario general del gremio, ya jubilado, mientras que los otros dos siguen en actividad dentro del Poder Judicial.
Villone describió las irregularidades detectadas, enfatizando que se trata de «presuntos delitos» hasta que la Justicia se expida. «Notamos por un lado una cuestión de abuso de poder. Las declaraciones testimoniales daban cuenta de que se utilizaba el gremio para una construcción abusiva de la representación sindical, una lógica de amigo-enemigo», afirmó.
Uno de los hallazgos más graves fue la intermediación financiera no autorizada. «Dar préstamos con diferentes tasas no reguladas. Todas las asociaciones sindicales tienen prohibida la intermediación financiera no autorizada. El Banco Central es muy estricto», explicó. Además, se verificó el uso irregular de bienes gremiales. «El patrimonio de la seccional se utilizaba por Booking. Muchas veces no estaba disponible para los afiliados, sino para afuera», indicó.
Incluso, descubrieron un departamento no declarado. «Ni siquiera la Comisión Directiva Nacional tenía conocimiento que existía un departamento para seis personas que se utilizaba a través de Booking, con libros de quejas escritos por turistas extranjeros», reveló.
Las indagatorias se realizarán de manera virtual en agosto y septiembre. «Ellos tienen el derecho a la defensa y aportarán la documentación que les corresponda. La Justicia Criminal y Correccional Federal tiene sus tiempos», aclaró Villone.
El dirigente destacó que la intervención logró normalizar el funcionamiento del gremio. «Hoy el gremio está normalizado con los cánones que marca la Comisión Directiva Nacional. Pero la citación a indagatoria es un punto de referencia para lo que no se debe hacer», concluyó.
