La legisladora de Libertad Avanza responsabilizó al gobierno provincial por el déficit histórico de la obra social y aseguró que la reciente inyección de fondos no resolverá los problemas estructurales sin un cambio en la administración de recursos.
La legisladora de Libertad Avanza, Natalia Gracianía, abordó en profundidad la crítica situación de la Obra Social de los Empleados Fueguinos (OSEF), en medio del corte de prestaciones en la Clínica San Jorge de Ushuaia y la reciente aprobación de una ley que inyecta fondos para paliar la emergencia. En diálogo con FM Master’s, la parlamentaria sostuvo que la crisis es «eminentemente de gestión» y responsabilizó al gobierno provincial por no tomar medidas estructurales durante sus seis años de administración.
Gracianía detalló que, tras meses de reuniones en comisiones, el oficialismo presentó un único proyecto modificado, socializado a los legisladores «menos de 12 horas antes» de su tratamiento. «Muchos bloques, incluido el nuestro, no estábamos de acuerdo con varias cuestiones», afirmó, y criticó que la discusión se redujera a 48 horas previas a la sesión.
La norma, aprobada por unanimidad, incluye fondos excepcionales -como un 5% de aporte de la caja previsional por jubilados y un 75% de recursos del Fondo de Financiamiento Previsional-, pero la legisladora remarcó que «no es una solución definitiva».
«OSEF está en emergencia hace años, y el gobierno nunca planteó una discusión seria», aseguró Gracianía, recordando que en 2022 y 2024 ya se inyectaron fondos sin resultados duraderos. Cuestionó que el directorio, designado por el Ejecutivo, mantuviera una planta política del 40% pese a la crisis y no optimizara compras de medicamentos o prestaciones. «El problema no es solo económico: es de administración. La ley pone topes (20% para planta política, 90% de ingresos a prestaciones), pero las decisiones las deben tomar ellos», insistió.
Aunque la ley establece auditorías y plazos para informar deudas, Gracianía aclaró que el control legislativo «es posterior» y no suple la gestión del directorio. «No podemos ir a revisar cada sector de OSEF», dijo, y pidió que el gobierno provincial asuma su responsabilidad. Sobre posibles aumentos de aportes para salarios altos, propuesta discutida pero descartada, admitió que «faltaron consensos» y tiempo para analizar alternativas.
La legisladora anticipó que el déficit proyectado en $50.000 millones exigirá revisar el presupuesto 2026: «Esta ley es un parche. Si no hay un cambio real en la gestión, seguiremos igual». Mientras tanto, atribuyó el conflicto con la Clínica San Jorge al directorio: «Garantizar prestaciones es su obligación, no de la Legislatura». Su diagnóstico final fue contundente: «OSEF necesita fondos, pero sobre todo eficiencia. Y eso depende del gobierno».
