La petición de nulidad presentada por el fiscal Ballester Bidau complica la situación del magistrado, tras revelarse su vínculo comercial con uno de los camaristas que avaló no peritar su celular, clave en la investigación.
En un giro significativo dentro de la investigación por presunta tenencia de material de pornografía infantil que involucra al juez Andrés Leonelli, el fiscal Fernando Ballester Bidau presentó un formal pedido de nulidad contra la resolución que impedía el análisis forense de un segundo dispositivo móvil perteneciente al magistrado.
El escrito fiscal, al que tuvo acceso este medio, plantea con rigor técnico-jurídico la necesidad de anular lo actuado por considerar que el camarista Alejandro Sergio Fernández -quien participó en la decisión- mantenía una relación comercial con Leonelli a través de un fideicomiso inmobiliario, lo que configuraba causal de recusación.
En su resolución, el fiscal mayor del Distrito Judicial Sur citó los artículos 45 inciso 6 y 52 del Código Procesal Penal, que establecen la obligación de los jueces de apartarse cuando mantienen vínculos societarios con alguno de los involucrados. Como sustento documental, adjuntó copia del «Contrato de Fideicomiso Edificio Glaciares» suscrito el 15 de diciembre de 2022 ante la escribana Ana Laura Granero.
El representante del Ministerio Público argumentó que, al haberse acreditado esta relación comercial preexistente al inicio de la causa, todos los actos procesales en los que intervino el camarista Fernández quedaban afectados por nulidad absoluta.
En su petitorio concreto, solicitó la admisión de la recusación planteada contra el juez Fernández; la compulsa de la documentación notarial para verificar la vigencia del contrato; la declaración de nulidad de las resoluciones dictadas los días 4 y 5 de julio; y la integración de un nuevo tribunal conforme a las normas de subrogancia.
La presentación fiscal se produce en el marco de la investigación por la cual Leonelli está imputado por presunta tenencia de material de pornografía infantil. El punto controvertido gira en torno a la negativa inicial de la Cámara de Apelaciones a disponer el peritaje completo de todos los dispositivos electrónicos del magistrado.
El fiscal Ballester Bidau había avalado inicialmente esta decisión, pero revisó su postura tras conocerse públicamente el vínculo comercial entre Leonelli y uno de los camaristas intervinientes. En su resolución, enfatizó que la estricta observancia de las normas sobre competencia e imparcialidad judicial resultan esenciales para garantizar el debido proceso.
La Cámara de Apelaciones deberá ahora resolver sobre este planteo de nulidad, decisión que podría reabrir la posibilidad de realizar nuevas pericias tecnológicas en el caso. Legalmente, de prosperar el pedido fiscal, se anularían los actos cuestionados y el proceso debería continuar ante un tribunal diferente.
El desenlace de esta cuestión procesal marcará el rumbo de un caso que combina graves imputaciones penales con delicadas cuestiones de ética y transparencia en la administración de justicia.
