El abogado defensor del magistrado reafirmó el origen judicial de las imágenes halladas en la nube personal de propiedad del juez Leonelli. Además, detalló el pedido de nulidad de la defensa.
En una extensa entrevista en FM Master’s, el abogado defensor del juez Leonelli, Gustavo Ariznavarreta, explicó los fundamentos detrás del pedido de anulación del peritaje a los dispositivos electrónicos incautados durante el allanamiento a la vivienda del magistrado Andrés Leonelli, en el marco de la causa en la que se lo investiga por la tenencia de material pornográfico infantil. La Cámara de Apelaciones hizo lugar al recurso presentado por la defensa, y habría ordenado la destrucción de la información obtenida de un teléfono celular intervenido, ya que a juicio de la defensa se hizo sin las garantías procesales correspondientes.
Haciendo un recorrido de los motivos del allanamiento por parte de la jueza Barrionuevo, Ariznabarreta aseguró que el eje de la defensa radica en que las 52 imágenes de pornografía infantil detectadas en una nube personal del magistrado provienen de una causa que instruyó en 2016, cuando era juez en Río Grande. «Las fotos fueron descargadas en la computadora del juzgado como parte del expediente. Al ser trasladado a Ushuaia, Leonelli hizo un backup de sus archivos laborales, incluyendo ese material -sin advertirlo- en su nube personal», explicó. Ariznabarreta subrayó que es una práctica común de los operadores jurídicos acumular documentación para su biblioteca judicial.
Consultado sobre por qué Leonelli almacenó ese material en la nube, el letrado argumentó: «En 2016 no existía nube institucional. Él respaldó sus papeles de trabajo, como cualquier profesional. Google no discriminó el origen legítimo de las fotos y activó un protocolo automático cuando detectó el movimiento de las imágenes en un nuevo backup realizado por Leonelli, automáticamente cerró su cuenta».
Por otro lado, el Defensor rechazó que la negativa a peritar otros dispositivos implicara opacidad: «El objeto de la investigación ya estaba claro. Revisar más equipos era una intromisión injustificada en la vida privada».
El defensor explicó que es el Estado quien debe justificar en las investigaciones una intromisión y que existe “un derecho de reserva a la vida privada”
“Las imágenes son de una causa judicial, no hay tenencia ilícita»
Ariznavarreta también cuestionó el tratamiento mediático del caso: «Se generan conjeturas para deslegitimar a Leonelli. La prueba objetiva está en el expediente: las imágenes son de una causa judicial, no hay tenencia ilícita». Insistió en que el magistrado intentó contactar a Google para eliminar el material apenas recibió la alerta, pero la plataforma no respondió.
Sobre la posibilidad de que Leonelli pida licencia, el abogado fue contundente: «No hay motivo. Esto responde a operaciones que buscan dañarlo». Finalmente, defendió el derecho a la intimidad: «El Estado no puede invadir la vida de las personas sin fundamento. Esto sienta un precedente peligroso». La resolución de la Cámara, según Gustavo Ariznavarreta, reafirma que el caso carece de sustento penal.
«Cuando se produce el allanamiento, se indicó que uno de los teléfonos marca Motorola estaba vinculado a la IP de la computadora desde donde se subieron las imágenes a la nube. Leonelli prestó asentimiento para desbloquearlo, pero la pericia constató que no había vínculo alguno con la causa», detalló Ariznabarreta.
Hasta el momento no han trascendido mayores detalles ya que la causa tramitada sin acceso al público y con documentación reservada.
