La subsecretaría de Pesca de la Nación llevó a cabo el decomiso de casi 139 toneladas de merluza negra capturadas ilegalmente por un buque argentino. La mercadería confiscada tiene un valor estimado de $2.500 millones.
El procedimiento se desencadenó después de que empresas privadas denunciaran verbalmente que el barco Tai An, propiedad de la empresa Prodesur S.A. con sede en Ushuaia, estaba pescando ilegalmente en una zona de protección de juveniles de merluza negra.
El subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, acometió la investigación siguiendo el derrotero del buque hasta su ubicación.
Según lo establecido por la Ley de Pesca 24.922, el barco no contaba con la cuota autorizada para la pesca de esta esécoe. Además de que superaba ampliamente las 5 toneladas permitidas de manera «incidental». El artículo 21, inciso H, de la norma, estipula la prohibición de cualquier actividad pesquera sin permiso o asignación de cuota correspondiente.
En consecuencia, el Gobierno ordenó el corrimiento del buque fuera de la zona de protección y, una vez en el puerto de la capital de Tierra del Fuego, López Cazorla dispuso el decomiso de la mercadería de acuerdo con el artículo 53 de la Ley de Pesca.
De las 139 toneladas decomisadas, se ordenó la sustitución por un importe equivalente al valor de mercado, que asciende a $2.500 millones, según lo dispuesto por la normativa. Ese monto será ingresado al Fondo Nacional Pesquero (FONAPE), una suma significativa que supera lo recaudado en todo el año 2023 por derechos únicos de extracción y sanciones.
La sanción impuesta a la empresa incluye una prohibición de despacho de pesca por 45 días y una multa de $113.400.000, que, al haberse allanado según la normativa, se redujo en un 50%, alcanzando los $56.700.000.
