Por Silvana Minue.-

El Ministerio de Trabajo y Empleo presentó un informe detallando las denuncias recibidas en el marco de la pandemia establecida, el impacto del Covid-19 y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dictado en el mes de marzo con respecto al empleo, despidos, reducción salarial y falta de protocolos sanitarios establecidos para reiniciar la actividad.

Desde la implementación del ASPO en la Provincia, muchas actividades económicas y empresas vieron resentida su actividad repercutiendo en los empleados. En este sentido, el Ministerio de Trabajo y Empleo, contabilizó 2159 denuncias sobre diversas tipologías laborales y sanitarias, de incumplimiento por parte de las empresas con actividades comerciales e industriales.

Las mismas se realizaron en forma virtual y ante las Delegaciones de Ushuaia y Río Grande. En lo que respecta a Tolhuin, no se incorporó al gráfico por no comprometer en demasía los índices porcentuales (4 denuncias). El período abarca desde el inicio,16 de marzo, y hasta el 21 de julio.

En declaraciones a TIEMPO FUEGUINO, el ministro Marcelo Romero explicó cómo se llevó adelante este informe de parte del Ministerio. “Desde que comenzó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en la provincia, recordemos que inició antes de la nacional, notamos un aumento en la mesa de entrada virtual. Había denuncias, reclamos, comentarios, dudas, en lo que respecta a la situación laboral. Fuimos evidenciando ese aumento considerable, por lo tanto, implementamos una ampliación de las guardas mínimas conferido en el Decreto 465 en dos oportunidades para darle cabida a esos reclamos. Recordemos que los plazos administrativos como judiciales estaban paralizados, pero entendíamos que a modo de contención por la desazón de los trabajadores debíamos actuar”, indicó.

Se contabilizaron 2159 casos, una cifra importante. “Es bastante considerable”, califico el funcionario, considerando el plazo. “Si hablamos cuatro meses de cuarentena, fue algo que surgió abruptamente, después de mantuvo en una meseta, en realidad es un número significativo”, aseguró.

Las denuncias, resultaron muy variadas, relata el informe, pero polarizándose en tres temas centrales, propios de las actuales circunstancias: despidos o suspensiones (Incumplimiento del DNU N° 329/20); reducción salarial (Incumplimiento DNU N° 297/20); manejo o cumplimiento de los protocolos sanitarios y, trabajo no registrado.

“En toda la provincia el rubro del comercio minorista tuvo más denuncias, en Ushuaia sopesó todo lo que tuvo que ver con el turismo y todo lo conexo a ella como logística, transporte, hoteles, restaurantes, las clases de sky por ejemplo. En Rio Grande hubo reclamos en lo que respecta al comercio minorista, también incumplimientos en el protocolo en lo que respecta a la industria electrónica-textil cuando retomaron las actividades el 6 de mayo. No obstante, a través del decreto 556, de contralor de la actividad industrial en lo que respecta al protocolo sanitario monitorea continuamente el trabajo en la planta como la logística y el transporte”, aseveró.

“Desde el 16 de marzo a la fecha producimos dos informes, uno al requerimiento de la Legislatura por la actuación de cada ministerio en la Pandemia, y ahora producimos este que no es el final, sino que colecta todas las renuncias desde el 16 de marzo hasta el 1 de julio, recibiendo más de 2000 denuncias recibidas y procesadas en lo que respecta al incumplimiento al decreto 297 de no pago al 100% de la masa salarial, el decreto 321 de suspensiones. La gente al principio se mimetizo con respecto a las garantías, al protocolo sanitario tanto en las industrias, o en los comercios como en el distanciamiento social uso del barbijo, tapaboca, el alcohol en gel, la sanidad del lugar como así también mucha gente se vio despedida que forma parte de un trabajo no registrado y era una característica de este tipo”, indicó.

Acuerdos

Uno de los motivos de denuncias, reducción salarial y suspensiones, fue el tópico que mas números se llevó porque tienen que ver la instrumentación de acuerdos a partir de la delegación federal por parte del Ministerio Nacional del área.

A partir del Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional DNU N° 329/20 se permitió que los empleadores y trabajadores acuerden, durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), la suspensión de las actividades laborales con reducciones salariales y de aportes y contribuciones. Estos acuerdos están determinados y regulados por el Artículo 223bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.

Entonces desde principios de junio, se llevaron adelante 51 acuerdos presentados por empresas. Realizándose acuerdos de 25 empresas en Ushuaia, representando el 49% y de 26 en Río Grande, totalizando el 51%.

Respecto de los trabajadores alcanzados, éstos totalizaron 774; correspondiendo 349 (45,09%) a Río Grande y 425 (54,91%) a Ushuaia.

“Los acuerdos alcanzados implican el sostenimiento de las fuentes de trabajo. Cuando comenzamos a tramitar, alrededor de 800 personas fueron canalizadas a través de las homologaciones y podemos decir que esas 800 personas de comercios minoristas pudieron sostener su fuente laboral gracias a estos tipos de acuerdos. Pero esto no incluye al cordón industrial como el acuerdo UOM-AFARTE que involucró a 3500 trabajadores de Río Grande”, apuntó Romero. A tal punto es su importancia que representan el 1,12% de la población económicamente activa (69.000 según índice de Primer Trimestre 2020 del INDEC).

Sanciones

Consultado al ministro si hubo sanciones o multas a aquellos empleadores incumplidores, dijo finalmente que “desde está gestión entendemos que las leyes no son discrecionales, son para cumplirlas y el funcionario no tiene la facultad de decir este si o este no. En este esquema y pandemia mediante hemos tenido reuniones con las Cámaras de Comercios de Río Grande y Ushuaia. La idea fue advertir, en aquellos comercios que no pudieron soportar la carga salarial, se vieron imposibilitados de honrar la misma y que no tenían malos antecedentes. Pero fuimos duros y con multas en aquellos locales que ya tenían incumplimientos antes de la pandemia”.