El referente de SIPROSA detalló la crítica situación del sistema público: salarios congelados, guardias desactualizadas y un 40% menos de médicos desde 2020. Exigió respuestas a un Estado provincial que «incumple acuerdos y prioriza sectores».
La voz de Daniel Romero, representante de SIPROSA en Ushuaia, no deja lugar a ambigüedades: el sistema de salud público fueguino enfrenta una crisis estructural agravada por la fuga masiva de profesionales, la falta de inversión y promesas incumplidas por parte del gobierno provincial.
En diálogo con FM Master’s, Romero expuso con crudeza un escenario donde las medidas de fuerza -como las dos horas diarias de interrupción de atención en centros de salud- son apenas un síntoma de un problema más profundo.
«El 27 de julio se cumplieron cuatro meses de medidas. Los profesionales estamos visibilizando que la provincia no ofrece condiciones para retenernos», afirmó. La postura del Ministerio de Economía, que insiste en la imposibilidad de financiar aumentos, choca con la realidad de un territorio insular y aerodependiente, donde la salud pública requiere, según Romero, «políticas excepcionales». Los números son elocuentes: «Desde 2020, perdimos el 40% de los médicos. No hay formación local, y traer profesionales de otras provincias implica costos altísimos sin incentivos claros».
El reclamo salarial es el eje del conflicto. Romero detalló que un complemento profesional de $28.000 mensuales, aprobado pero no implementado desde julio, resulta ínfimo frente a la inflación, mientras criticó la disparidad en asignaciones: «Para 30 médicos quirúrgicos hay $30 millones extras, pero para 1.000 profesionales de atención primaria o enfermería, no hay nada».
La desactualización de las guardias, sin reajuste desde noviembre de 2023, profundiza el malestar: «Un itinerante cobra tres veces más que un plantista. Es incomprensible».
El diálogo con las autoridades, aunque existente, se torna «infructuoso». Romero citó el caso del Hospital de Río Grande, donde solo cinco pediatras cubren una demanda que requiere 25: «Se terceriza con profesionales externos, pero sin resolver el fondo: sin vivienda, salarios dignos o apoyo a la formación, no hay arraigo posible». La ley vigente, según él, «no cumple su objetivo».
La advertencia de Romero es que sin cambios urgentes, el sistema colapsará. «Somos esenciales, pero si no hay previsibilidad, las medidas se intensificarán», afirmó, aludiendo a posibles paros de 48 horas.
Mientras, la ciudadanía fueguina enfrenta una paradoja: más demanda en el sistema público por la crisis, pero menos profesionales para responder. «Esto no es solo un reclamo gremial -cerró Daniel Romero-. Es un llamado a priorizar la salud en una provincia que, por su geografía, no puede darse el lujo de ignorarnos».
