El Poder Judicial proyecta para el año que viene un presupuesto total de $1.616.541.734 y un total de 793 plantas de personal. Del total del presupuesto, $1.358.520.227 se destinará a gastos salariales.
Los tres jueces del STJ (Superior Tribunal de Justicia) necesitarán $12.278.634 para cubrir sus sueldos en 2018. Cada uno de los cuales percibirá en concepto de salario un total que supera los $4 millones en un año, a razón de $341 por mes (sin calcular el aguinaldo).
Así está establecido en la Acordada 96/2017 que rubricaron los jueces Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini y Javier Darío Muchnik.
Para el 2016 la Justicia había presupuestado $870.849.855 de los cuales $742.284.621 se destinaban a cubrir gastos de personal. En el 2016 los tres jueces del Superior Tribunal de Justicia nos costaron $7.619.501.
En la acordada 96/2017 los jueces indican que la recomposición salarial constituye una incidencia significativa en el presupuesto para el año 2018, que se estimó en un 10% a partir de marzo, pauta que “se considera mínima para mantener el nivel de los salarios”.
Al evaluar los costos que requerirá el servicio de administración de justicia para el año que viene, los jueces indicaron que “si bien en la actualidad existe una tendencia a la reducción de la pauta inflacionaria proyectada para el año 2018, no puede dejar de considerarse la variación estimada en los precios de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial”.
Según los fundamentos, no sólo han tenido en cuenta el crecimiento permanente que se registra en la actividad jurisdiccional en consonancia con el constante crecimiento poblacional de Tierra del Fuego sino también las etapas del proyecto de modernización judicial que comprende aspectos estructurales, funcionales, edilicios y de informatización.
Además de los gastos en materia salarial, el presupuesto 2018 contempla una suma destinada a la realización de diferentes obras públicas, entre ellas la construcción de la nueva sede del Superior Tribunal de Justicia. Algo más de $160 millones se presupuestaron para construcción y refacción de edificios dependientes del Poder Judicial.
Con respecto a la nueva sede del Superior Tribunal de Justicia, los jueces argumentan que si bien la obra comenzará a ejecutarse este año, su construcción proseguirá durante el ejercicio 2018 con financiamiento del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. Según figura en el anexo de la acordada 96/2017, la primera etapa del edificio incluye la construcción de 4073 metros cuadrados y requerirá una inversión total que supera los $151 millones de pesos. Casi $38 millones se ejecutaron este año mientras que casi $78 millones se estiman para el año que viene y algo más de $36 millones para el 2019.
Otras obras contempladas para el año que viene son la remodelación del Tribunal de Juicio por $2,2 millones; la ampliación de los juzgados civiles por $1,5 millones; la Casa de Justicia de Tolhuin por $9,8 millones; la adecuación del Juzgado Laboral por $1,6 millones; la refacción y remodelación del inmueble ubicado en Fadul y Gobernador Paz por $10 millones, que prevé realizarse parcialmente con fondos provenientes de la recaudación de Tasas de Justicia, entre otras.
En el proyecto destacan cinco obras fundamentales que comenzaron durante el presente ejercicio y que continuarán durante el ejercicio próximo: la reubicación de unidades en el Distrito Judicial Sur, primera etapa de adecuación de natatorio, casa de hidrocarburos, adecuación de Juzgado Laboral en el Distrito Judicial Norte y Juzgado Multifuero en Tolhuin, en terrenos cedidos por la Municipalidad de esa ciudad.
Un punto que destacan los jueces en los fundamentos del presupuesto 2018 es la puesta en marcha de los equipos interdisciplinarios de los juzgados de primera instancia de familia y minoridad que se integrarán en principio por asistentes sociales, psicólogos y psiquiatras a fin de “atender eficientemente los asuntos de violencia familiar de acuerdo a los lineamientos de la nueva normativa provincial”.
Los magistrados señalan que la demanda social, en relación a la intervención del Poder Judicial y el de servicios como respuesta a dichas inquietudes, implicó “la necesidad de crear nuevas estructurar que generaron un impacto directo en la actividad administrativa del Superior Tribunal de Justicia, por cuanto la diagramación y organización técnica, económica, administrativa y de recursos humanos de las nuevas unidades funcionales, dependerán también de éste”. Indican que esto es “lo que ha sucedido recientemente con el dictado de las leyes 1053, 1139 y 1140, que han implicado la creación de cuatro nuevos juzgados de primera instancia y la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur, cuyos concursos están en curso”.
No obstante, hacen hincapié en que “con la ampliación de las estructuras mencionadas no se ha proyectado, paralelamente, la generación de nuevas áreas administrativas, conforme demanda la nueva organización”, cuestión que ha sido señalada como una debilidad en el Primer Plan Estratégico Consensuado. Señalan que, consecuentemente, “debe preverse la generación de nuevas unidades funcionales en la órbita del Poder Judicial, con el firme propósito de dar respuesta a las necesidades mencionadas”.
