Nora Loekemeyer, integrante de la Asociación Manekenk, se refirió a la solicitada de la familia Antunovic de Bridge en la que expresa continuar con la actividad ganadera en las hectáreas en disputa, aunque la ley 494 lo prohíbe.
“El hijo de la señora Bridges publicó que ellos querían seguir desarrollando en el lugar su actividad ganadera, y los informes técnicos dicen que por esa actividad esa zona tiene muchos sectores que están degradados en forma permanente. Sumado a que el decreto de la ley 494 prohíbe la ganadería en el ámbito del área protegida. Es un solicitante que desconoce la reglamentación”, afirmó Loekemeyer por Radio Nacional Ushuaia.
El artículo de la ley 494 establece en su artículo 6 “un enfoque multisectorial en la toma de decisiones sobre el aprovechamiento de los recursos naturales en las zonas de la Reserva de Uso Múltiple que se definan como susceptibles de uso extractivo”.
Dicho artículo señala en sus incisos “distribuir equitativamente los derechos de utilización de dichos recursos naturales, priorizando los intereses de las comunidades y organizaciones locales; resaltar la función social que para la sociedad fueguina deberá cumplir el área protegida en la faz educativa y recreativa”.
“Hay una tergiversación de lo que expuso la fiscalía de estado, que fue claro respecto de la independencia de los poderes y que la legislatura tiene todo el derecho a ratificar o no la adjudicación de las 10 mil hectáreas, eso fue claro”, aseguró Loekemeyer.
Y afirmó: “Nosotros les dijimos ustedes quieren regalar, porque podrían tomar una decisión totalmente distinta”.
Los ambientalistas señalan que un sistema de áreas protegidas se tiene que sustentar sobre tierras fiscales por las demandas en gestión que necesita, y que por esta cuestión los sistemas se establecen sobre tierras públicas, por lo que es necesario que sigan siendo públicas.
“La ley 55 es clara, las áreas protegidas son de dominio público, por eso no pueden ser enajenadas”, dijo la integrante de Manekenk.
