Por Fernando Grava.
Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas en La Plata, CECIM, se refirió a la decisión de la Jueza Federal de Río Grande Mariel Borruto que suspendió las 18 declaraciones indagatorias de militares acusados de cometer actos de torturas durante la guerra de Malvinas de 1982, previstas entre el 27 de junio y el 4 de julio.
En FM Del Pueblo Alonso expresó sorpresa por esa suspensión dado que “habíamos estado hablando y teníamos expectativas con relación a la llegada de la nueva Jueza que habíamos manifestado el apoyo a la solicitud que había hecho para crear una secretaría especial para la Cuestión Malvinas”,
Sin embargo “esta decisión que tomó la Jueza, es inadmisible” calificó Alonso dado que “nos sorprende, nos conmueve, nos acongoja, nos entristece, porque se evidencia que el Poder Judicial de la Nación favorece a la impunidad” dado que “estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 37 años y una causa que lleva 12 años y que por primera vez se había fijado una fecha para las indagatorias”.
Y recordó que el inicio de las indagatorias “estaba acordado con el Dr. Calvete que fue subrogante en la causa y que además el Juzgado que viene trabajando en la causa es el Juzgado de Río Grande”.
Y advirtió que este antecedente y la decisión de la Jueza va a ser incluido en “un escrito que tenemos que mandar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dónde se está tramitando un caso de inadmisibilidad, por negación de Justicia por parte del Estado argentino y va a acumular la falta de acción de la justicia”, entendiendo que detrás de la decisión de la Jueza de Río Grande “hay una decisión política” ya que “nuestros cuerpos legales estaban hablando con Néstor Vicente que es el secretario del Juzgado”.
Y finalmente recordó que “tenemos una audiencia el próximo viernes 31 y esperemos que no la suspenda” pidió entendiendo que “no hay necesidad alguna de excusarse en cuestiones de falta de recursos o necesidad de personal” y aunque “entendemos que eso sucede” también consideró que 2el Estado debe garantizar la administración de Justicia con los recursos que tiene un Juez”.
Y comparó con lo que ocurre en el Juzgado de Dolores que “hoy está llevando adelante una de las causas que mantiene en vilo al pueblo argentino (en referencia al Fiscal Stornelli y el falso espía Luis Dalessio) que está destapando esta mafia de esas personas y en las condiciones que trabajan” por lo cual calificó de “inadmisible” los argumentos de la Jueza de Río Grande para suspender las indagatorias.
Por lo cual remarcó que “hay una decisión de la Jueza de establecer una prórroga sin ningún tipo de fecha y de acá a que se resuelvan las demandas pretendidas por la jueza, en detrimento de las víctimas que esperan”.
Y aseguró que “no se puede dimensionar como afecta a las personas que hace 37 años que están esperando que empiece esta cuestión” por lo que “no admitimos ningún tipio de justificación por parte de la doctora Borruto a partir de su decisión” por lo que “lamentamos mucho esto, pensamos que íbamos a entrar a otra etapa y volvimos a la misma situación que tuvimos que esperar con el Juez subrogante y las distintas instancias que tuvimos con el Dr. Calvete en la cual transcurrieron dos años y debimos dar vuelta una situación para que esto continúe”.
Por lo cual consideró que esta decisión de la Jueza Federal de Río Grande “garantiza la impunidad” dado que “dos de las personas que estaban citadas originalmente, en la indagatoria planteada, han fallecido” por lo que remarcó la responsabilidad de la Justicia “es garantizar el acceso a la Justicia y no hay ningún tipo de Justificación e incluso le hemos transmitido a los secretarios el apoyo que iban a tener de parte nuestra de apoyar todas las gestiones necesarias para que se mejoren las condiciones del Juzgado pero no aceptamos, de ninguna manera, la decisión de suspender las indagatorias, esto nos pone en la vereda de enfrente”.
Además “si se analiza la justificación, quiere decir que esto puede pasar In Eternum” por lo tanto “si los funcionarios no pueden garantizar el acceso a la Justicia de los ciudadanos, no se para que están ahí” remarcando que se trata además de “una causa simbólica; dónde se acarrean violaciones a los Derechos Humanos que vamos a hacer para garantizar la soberanía en las causas que tienen que ver con las petroleras”.
Y advirtió que a la audiencia del 31 de mayo “vamos a acudir todas las querellas, la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria, el CECIM La Plata, y me comuniqué con Adolfo Pérez Esquivel para transmitirle la novedad y se sorprendió y los distintos organismos vamos a emitir opinión al respecto”.
