Por Verónica Benaim, periodista

La decisión se tomó tras una reunión el martes entre el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio y senadores de la oposición donde se definió dejar sin efecto el llamado a una sesión extraordinaria para el mes de febrero.

El encuentro se realizó en el despacho del presidente de Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto. Durante el almuerzo – picada y gaseosa- se abordaron los temas legislativos para este año, principalmente el proyecto de Ley de financiamiento a partidos políticos, que había quedado trunco desde el año pasado en la Cámara Alta.

A la salida del encuentro, Frigerio confirmó que “no habrá sesiones extraordinarias” y explicó que “fue una reunión de trabajo para organizar lo que va a hacer la primer semana de las sesiones del Congreso que empiezan el primero de marzo”.

“Vamos a tratar temas importantes como la ley de financiamiento de la política y la ley de barras para las cuales tenemos que trabajar estos días en generar los consensos para que esos proyectos se transformen en ley lo antes posible”, agregó el funcionario.

Por su parte, Pichetto le dijo a la prensa acreditada que “considerábamos que no había ningún tema de urgencia extrema para que el Congreso funcione en febrero durante su receso”.

“Hemos asumido un compromiso de trabajo en dos temas que ya tienen un avance importante en el análisis de las comisiones como el financiamiento a los partidos políticos en el marco de las campañas electorales y el otro tema que quedo en Diputados es el de ley anti barras”, comentó el rionegrino.

Desde la oposición se acordó además avanzar en la convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, lugar donde la iniciativa cuenta con un dictamen favorable, para la segunda semana de marzo, para dar una revisión final al proyecto y así poder tratarlo el próximo mes en el recinto.

Del encuentro participaron el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, los senadores peronistas, Rodolfo Urtubey (Salta), Carlos Espinola (Corrientes), Alfredo Luenzo (Chubut).

Financiamiento a partidos políticos

Es uno de los proyectos más requeridos por la Casa Rosada que pretende mostrar transparencia en medio de una batería de denuncias de aportantes a las campañas electorales truchos.

La intención es modificar la Ley 26.215 sancionada en el año 2006 con la finalidad que las empresas privadas puedan poner dinero en la campaña electoral, mediante la bancarización de estos aportes para evitar la recaudación en negro.

La semana pasada, desde Casa de gobierno se había amagado con firmar un nuevo decreto para avanzar en este tema frente a la falta de consensos en el Congreso, donde dos veces se le bajo el pulgar por falta de acuerdo entre propios y opositores.

Sin embargo, otro DNU implicaría no sólo más relaciones tensas con la oposición sino también incumplir con la Constitución Nacional que establece en el artículo 99 que el presidente de la Nación “no puede emitir disposiciones legislativas en el caso de normas vinculadas a materia penal, tributaria, electoral y régimen de aportes políticos”.