Por Yolanda Dips.

En el marco de las negociaciones paritarias los metalúrgicos esperan que este jueves AFARTE presente una propuesta que cumpla con las expectativas de los trabajadores, en caso contrario, resolvieron “el inicio de medidas de acción directa a partir del lunes 17 febrero” aunque desde la cámara empresarial ya comunicaron que debe respetarse el acuerdo del congelamiento salarial que rige a partir de julio del año 2018 y que tiene vigencia hasta el 30 de junio del 2020.

Desde la seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica mantienen el reclamo en relación a los bajos sueldos; el pedido de continuidad laboral definitiva para los trabajadores que cumplen prestaciones discontinuas (PPD) y solución al aumento de enfermedades profesionales combinado con la mala prestación de las ART.

En la primera reunión paritaria del año, llevada a cabo el jueves pasado en la ciudad de Buenos Aires, participó el presidente de AFARTE Federico Hellemeyer, y el secretario General de la UOM Río Grande Oscar Martínez. La cámara empresarial se comprometió a elaborar una propuesta que será presentada en la próxima reunión, este jueves 13. Asimismo el Congreso de delegados metalúrgicos reafirmado en todas las asambleas, declaró el estado de asamblea y sesión permanente, quedando en un cuarto intermedio hasta el viernes 14.

Acuerdo extorsivo

Según informaron desde el gremio metalúrgico la baja en las ventas producto de la crisis económica, es uno de los argumentos por parte de los empresarios para negarse a resolver los reclamos de los cerca de 6.000 operarios que quedaron, de los más de 10.000 que llegaron a ser a comienzos del gobierno de Macri. Así lo aseguran en el comunicado oficial posterior a la reunión con el sector sindical: “creemos que el acuerdo por la productividad y el empleo es una herramienta fundamental para poder sobrellevar la crítica situación económica que atraviesa nuestro país”.

Fuentes gremiales explicaron que este acuerdo de trascendencia nacional conocido como “congelamiento salarial” y que fue denunciado desde el gremio como “una extorsión”, evitaba el despido de los trabajadores a cambio de no reclamar aumento de sueldos por dos años. La extorsión surge ante la amenaza en una baja gradual de impuestos a la importación de los productos fabricados en la isla -que aún está vigente- y que hubiera dejado en la ruina a la industria fueguina.

Para el sindicato los números expresados por el sector patronal hablan de una gran caída de ventas en relación al año 2018, el poder adquisitivo de los trabajadores en relación a los precios de esos productos es aún más desastrosa. Avalados por el gobierno de Bertone y Macri, los empresarios lograron -en relación al valor de la mano de obra en dólares- bajar más de 50 por ciento del poder adquisitivo de los metalúrgicos, generando una fracción mucho menor en su estructura de costos respecto al 2015 y dejando muy lejos esa relación del “3 por 1” conquistada en la década de los 90 con un paro que duró 40 días.

Además informaron que lamentablemente también aumentó la cantidad de enfermedades profesionales producto de la mala atención médica y la falta de capacitación que prestan las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART). Por lo cual el gremio reclama que se mejoren los tratamientos a través de una mayor presencia en la zona y se dediquen más a la prevención.