La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el rechazo a la acción de amparo iniciada en junio pasado por el Intendente de Río Grande Gustavo Melella contra el Estado Nacional, quien a través de la Secretaría de Energía; ha concesionado a empresas petroleras británicas, áreas cercanas a las Islas Malvinas. “Los jueces consideraron que los hechos denunciados no evidencian ilegalidad manifiesta, que las circunstancias denunciadas exceden la estrecha vía del amparo y que, en su caso, el actor deberá iniciar un proceso de impugnación del acto administrativo de adjudicación que le permita mayor amplitud para producir prueba al respecto”. Así lo dio a conocer ayer el sitio web www.diariojudicial.com, donde se puede acceder al fallo completo.
El 16 de abril de este año, el gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía abrió los sobres de oferta, correspondiente a la licitación Internacional N° 1 para la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos costa afuera (offshore), en tres cuencas sectorizadas en aguas del océano atlántico. Proceso licitatorio que desde octubre de 2018 había reunido una serie de críticas por no haberse completado los estudios ambientales, entregado a organismos de mediación internacional la resolución de litigio de partes, despojando de competencia a la Justicia Argentina; y por qué entre las participantes se admitieron a petroleras británicas que han operado de en las Islas Malvinas con autorización del gobierno ilegal ingles que usurpa las islas argentinas.
El 15 de mayo, un día antes de la publicación de la Resolución que informa la nómina de empresas adjudicatarias, el Intendente de Río Grande, Gustavo Adrián Melella, presentó un recurso de amparo y una acción cautelar de no innovar. En el escrito, el equipo jurídico del hoy gobernador electo argumentó que dicha actividad viola las leyes ambientales y también las normas que condicionan la legitimación de ciertas empresas para ser adjudicatarias en las zonas a explorar.
En la causa presentada ante los tribunales federales de la ciudad de Río Grande se denunció la legitimidad de las concesiones autorizadas por el Ministerio de Energía a empresas para explotar las áreas de costa afuera de la Plataforma Continental Argentina. La jueza Mariel Borruto rechazólas medidas solicitadas por el municipio. Este apeló y fue a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, quien ratificó el fallo de Borruto.
Los jueces consideraron que los hechos denunciados no evidencian ilegalidad manifiesta, que las circunstancias denunciadas exceden la estrecha vía del amparo y que, en su caso, el actor deberá iniciar un proceso de impugnación del acto administrativo de adjudicación que le permita mayor amplitud para producir prueba al respecto.
Sostuvieron también que «no se desprende una directa vulneración constitucional o legal, tal y como el amparista denuncia, en tanto no es cierto, que no se hubiera previsto la verificación de las incompatibilidades e inhabilitaciones posiblemente existentes respecto de las empresas participantes, como así tampoco, que se hubiera descuidado la preservación del medio ambiente o la exigencia de presentación de los pertinentes estudios de impacto ambiental».
Los camaristas rechazaron también la denuncia por supuestos incumplimientos de normas ambientales, ya que el informe de impacto ambiental y su declaración se cumplirán posteriormente y, por tanto, su cuestionamiento resulta prematuro en esta instancia.
“Queda suficientemente demostrado que existen cuestiones técnicas y económicas complejas, que de ser debatidas en juicio necesitarían de otro ámbito de conocimiento más amplio», justificaron los magistrados.
