Por Pablo Riffo.
La Dra. Mariel Borruto, jueza federal de Río Grande, resolvió suspender las indagatorias que estaban anunciadas y confirmadas públicamente para los 18 militares acusados por torturas a soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas, informaron desde el Centro de Ex Combatientes De Malvinas de La Plata (CECIM).
El argumento de la funcionaria judicial responde a la presunta “falta de espacio y de medios para llevar adelante la indagatoria”. El escrito también plantea que “teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra este Juzgado Federal, cuya titularidad asumí el pasado día 8 de mayo, para afrontar la actividad que supone el llamado a indagatoria (…) entiendo que corresponde analizar la viabilidad de llevar adelante dichas audiencias en los días y horas fijadas”.
En un comunicado del CECIM La Plata rechaza la decisión de la Jueza “ya que este nuevo retraso en el llamado a indagatoria, que no ha fijado fecha certera posible, no garantiza el derecho al acceso a la justicia y convalida la impunidad, cada día que se dilata llegar a la instancia de un juicio produce nuevos mecanismos de revictimización o retraumatización de las víctimas y testigos”.
Considera que “lo que se esgrime con esta determinación es la manifestación política llevada adelante por el Poder Judicial de la Nación, en este caso en cabeza de la Jueza Borruto, del escaso cuidado de aquellos funcionarios que deben intervenir en todo el conjunto de acciones ligadas a los juicios”, y agrega que, por falta de conocimiento en la materia, “pueden llegar a desvirtuar esa función reparadora largamente esperada por las víctimas y testigos”.
Para los integrantes del CECIM La Plata tanto las víctimas como los testigos de las causas vinculadas a delitos de lesa humanidad “son personas a quienes el Estado ha violado sus derechos, siendo el Estado el que debe garantizarlos y protegerlos”.
En contacto con Tiempo Fueguino, Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM, relató que el pasado viernes fueron notificados de la suspensión de las indagatorias. “Entendemos que más allá de que las autoridades puedan cambiar, en este caso quien encabeza el Juzgado Federal de Río Grande el juzgado es el mismo desde hace 12 años. El personal que viene trabajando en la causa es el mismo” reclamó.
Insistió en que “no existe ni una sola excusa que permita eludir la responsabilidad que tiene el Estado de llevar adelante el proceso de Verdad y Justicia” y remarca que se ha incurrido en un proceso de revictimización.
“Nuevamente se toma las víctimas como moneda de cambio, esta vez por vía de un argumento burocrático, que a la vez no tiene ningún tipo de sustento” apuntó. Sobre las motivaciones de la falta de personal y lugar para las indagatorias, el letrado calificó al misma como “una tomada de pelo, es un argumento muy débil” insistió Guerrero Iraola.
Consultado sobre las motivaciones reales de la decisión el letrado no dudó en señalar al lobby de las Fuerzas Armadas. Relató incluso que el secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, Ernesto Alonso “recibió mensajes intimidatorios en el que le deseaban un muy feliz 25 de mayo en un lugar con espacio, porque sabían que en Río Grande no había el espacio suficiente”.
Pedro Guiraldes es señalado por Guerrero Iraola como uno de los principales operadores del lobby de las Fueras Armadas y autor de los mensajes recibidos por Alonso. “Deja el descubierto cómo están operando las Fuerzas Armadas en perjuicio de las víctimas” remarcó y recordó que “Guiraldes ha escrito editoriales (en el diario La Nación) donde habla pestes del CECIM, pestes de nosotros como abogados que llevamos adelante la causa. Con lo cual, sufrimos en carne propia el hostigamiento de las Fuerzas Armadas y que logran ahora detener el proceso de verdad y justicia”.
El abogado del CECIM adelantó que el 31 de mayo estarán presentes en Río Grande para una audiencia con la jueza Borruto, además de la presentación de un recurso de reposición. “A las 10:30 de la mañana tenemos audiencia, le vamos a exponer las cuestiones y ver qué respuesta nos da” advirtió.
“El Estado tiene la obligación de llevar adelante el proceso de verdad y justicia” recordó por último Guerrero Iraola quien confirmó además que la situación será elevada “a los órganos internacionales, puntualmente a la comisión interamericana” donde ya existen los antecedentes sobre la causa.
