El martes por la tarde ingresó la causa al Juzgado Federal a cargo de la jueza Mariel Borruto, pero aún falta la decisión del fiscal federal, Mario Rapoport, quien decidirá si el Juzgado Federal tiene competencia en el caso.
Un juzgado federal es un fuero de excepción, lo común es que intervenga un juzgado de provincia, ya que las provincias se arrogan la potestad de resolver un conflicto dentro del ámbito provincial. Pero en este caso, uno de los hechos de violencia ocurrió en el Aeropuerto de Río Grande, por lo que la competencia del juzgado de provincia se torna confusa.
El lunes por la mañana, el pesista Marcos Martínez protagonizó una violenta escena en un avión de Aerolíneas Argentinas que se dirigía rumbo a Buenos Aires desde Río Grande. En el avión, Martínez tomó del cuello a su mujer, por lo que debieron intervenir pasajeros y personal de a bordo.
La pareja debió descender de la nave y se dio intervención a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La PSA consultó al Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la magistrada Mariel Borruto, pero tratándose de un caso de violencia de género, el expediente pasó a manos del Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo de Daniel Cesari Hernández.
El magistrado explicó que la mujer no quiso realizar la denuncia, con lo cual “en casos así, no se puede investigar”.
La violencia no terminó ahí, ya que Martínez y la mujer se trasladaron hacia Ushuaia, pero cerca de las 17 horas personal de la Comisaria Primera fue alertado de que en el Hotel Mónaco habría una mujer colgada de una baranda.
La mujer había caído de un tercer piso del edificio y se hallaba consiente aquejando dolor físico producto del golpe, por tal motivo se solicitó presencia de la ambulancia y fue trasladada al Hospital.
“Ella misma resbaló, se están analizando registros fílmicos para determinar lo que pasó. La señora declaró una cosa y después cambió su declaración. Muchas veces las victimas modifican su declaración por miedo, pero estas no fueron declaraciones en el juzgado, sino lo que ella dijo cuando estaba colgada de la baranda y que fue distinto a lo que dijo cuando ya había caído”, dijo al respecto el secretario de seguridad Javier Eposto, por Fm Aire Libre.
“Seamos competentes o no hay que poner una medida de protección de la víctima”, afirmó Juan Vicente, Secretario del Juzgado Federal. Se trata de la ley 1022, que obliga a que todo hecho que podría implicar violencia contra la mujer sea comunicado para la intervención del juzgado.
“Estamos acostumbrados si las personas son víctimas de un delito y quieren que se sancione al agresor, en los casos de violencia contra la mujer hay una relación afectiva y la victima tiene ciertas reticencias en denunciar, ya sea por las represalias, porque no lo quiere perjudicar o porque en algunos casos tienen hijos en común. A veces la victima dice que no quiere denunciar, como en este caso”, explicó el Dr. Vicente por Fm Del Pueblo.
En primer lugar, se realizar una prohibición de acercamiento, prohibiendo toda comunicación, ya sea por teléfono o redes sociales. Después, si Marcos Martínez sale en libertad, se dictarían nuevas medidas y se le informan a la víctima.
Ahora Martínez continúa detenido por el hecho ocurrido en el hotel de Ushuaia. Si se determina la competencia del juzgado federal, podrá actuar solo sobre los hechos acontecidos en Río Grande.
