Por E. Machiavello.- La Resolución 3158/2019 de la Secretaría de Salud de la Nación, más conocida como el nuevo Protocolo de Atención para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), sigue vigente ya que su derogación no apareció publicada en el Boletín Oficial de este jueves.

Pese al anuncio de derogación y la lluvia de críticas contra esa anunciada medida, el documento oficial no salió publicado. Desde los pasillos del gobierno surgieron versiones contradictorias. Unas sostenían que el protocolo no sería anulado, versiones que agregaban que el devenido a secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, quien puso la primera firma a la resolución, continuaría en su puesto.

Otras, en cambio, aseguraban que la norma que daba de baja la resolución ya está firmada y que no dieron los tiempos para agregarlo al Boletín Oficial. Carolina Stanley, ministra de Salud y Desarrollo Social y jefa de Rubinstein, aseguró hoy que “el protocolo va a ser derogado porque fue una decisión inconsulta del secretario de Salud”. Esto aún no sucedió.

“Sentí vergüenza ajena. Es muy probable que haya habido algún tipo de presión, lo que hubo seguro es desconocimiento. Pero estamos acostumbrados a esto en estos años de gestión”, dijo el médico Tocoginecólogo del Hospital Regional de Ushuaia, Marcelo Guida, que además forma parte de la Campaña Nacional a favor de la despenalización del aborto.

“Todos los protocolos son una manera de ordenar, para que vos no hagas lo que vos aprendiste en un lugar y otro haga lo que aprendió en otro lugar, a los mejor ambos procedimientos están bien, pero el protocolo recomienda pasos a seguir, brinda orden al profesional y seguridad al paciente”, explicó el médico por Fm Del Pueblo.

En el protocolo actualizado, que aún no fue derogado oficialmente, se incluían a las adolescentes menores. Teniendo en cuenta las leyes que protegen a niños, niñas y adolescentes, ante un pedido de aborto, primero se debe investigar que la menor no haya sido abusada.

“Esa chica se encuentra en condiciones de solicitar la interrupción del embarazo, porque tiene prioridad la decisión de la mujer. En las menores de 15 años embarazadas se considera abuso, aunque existen excepciones que tendrán que determinar los asistentes sociales”, explicó Guida.

El protocolo también modificaba la polémica “objeción de conciencia” que los médicos pueden argumentar para oponerse a la práctica del aborto. Ahora, en los lugares donde no haya ningún otro profesional que pueda hacer la práctica, el médico que esté deberá hacerla, a falta de otro profesional.

También se ampliaban las semanas de gestación necesarias para solicitar la interrupción del embarazo. Antes era hasta la semana 9, y el nuevo protocolo contempla hasta la semana 12.

“Para la mujer que lo solicita sí es un problema mayor, porque una mujer embarazada producto de violación no sale a comunicar que fue abusada, se esconde. La primera respuesta del ser humano ante lo que no quiere es la negación”, afirmó Guida.

Desde el sitio salvemosmilesdevidas.org se puede acceder a más información sobre la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) brindada por la campaña por el derecho al aborto. Allí se pueden encontrar testimonios de profesionales médicos que cuentan sus experiencias con personas en situación de aborto clandestino, y cómo las han ayudado, en la mayoría de los casos, a salvar sus vidas.

“Esto es una ayuda en la despenalización, pero es cierto que en la balanza hay otras situaciones de peso como las iglesias, y cada uno tiene su postura. Uno tiene que respetar las posiciones antagónicas, y está bueno que respeten las de uno. Ahora, si tu decisión impide que otra persona pueda tener acceso a un derecho, no está bueno”, aseguró Guida.

Y agregó que “la posición de parte de la población que no está de acuerdo es respetable, entiendo que ellos no deberían solicitar una intervención médica. Ahora, que la gente que no pueda acceder a una interrupción del embarazo no me parece apropiado”.