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Río Grande
29 de marzo de 2024

Pintadas en iglesias: Piden la nulidad de la causa y que se investigue el accionar policial

“Mi Pañuelo no es delito”. Con ese título, la Colectiva Feminista de esta ciudad y La Hoguera de Ushuaia repudiaron mediante un comunicado el accionar, al que calificación como persecutorio, de las fuerzas de seguridad al respecto de las manifestaciones y expresiones en los espacios públicos por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y exigieron que se garantice la libertad a seguir reclamando en las calles, con nuestros carteles y pañuelos.

Avanza, aunque lentamente, según explicó a Tiempo Fueguino una de las abogadas querellantes Alejandra Arce, la denuncia contra un efectivo policial que se desempeña en la Comisaria Primera de la Ciudad de Río Grande, por el delito de instigación a la violencia, agravado por ser funcionario policial, realizada por la periodista y activista feminista Gala Ferreyra.

“La denuncia es por incitación a la violencia, a raíz de esto el juez Sahade toma como medida darle una consigna judicial a Gala Ferreyra, hoy ella está todo el tiempo acompañada por personal policial” detalló Arce y agregó “el día 27 de agosto, nos presentamos como querellantes en la causa junto con la Doctora Solange Verón, que es integrante de la agrupación feminista La Hoguera de Ushuaia”.

Ambas abogadas se presentaron en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Río Grande, a cargo del Raúl Nadim Sahade, en el marco de la denuncia contra un policía que se desempeña en la Comisaria Primera de la Ciudad de Río Grande, por el delito previsto en el artículo 209 del Código Penal, instigación a la violencia, agravado por ser funcionario policial.

Según explican en un comunicado firmado por la Colectiva Feminista de Río Grande y La Hoguera “el efectivo policial había sido condecorado por el Vicegobernador de la Provincia de Tierra del Fuego –Juan Carlos Arcando – en el año 2017 y el día del debate de la Ley de aborto legal, circuló un mensaje con el nombre y fotos de Gala Ferreyra, adjudicándole la comisión de delitos y vandalismo, afirmando “ya saben qué hacer”, lo que provocó su réplica en las redes sociales, por el escrache efectuado y alentó las represalias contra la compañera”.

Asimismo, las abogadas tomaron vista de la causa penal iniciada por Andrés Rubén Diaz, por pintadas realizadas en las paredes externas de su templo, que se habrían realizado el día del debate de la ley de interrupción legal del embarazo en la Cámara de Senadores.

Al respecto de esto, Alejandra Arce explicó “es una causa de daños, en la que en principio la fiscal solicito la reserva, toda vez que no existen testigos ni otro medio de prueba, más allá de lo que dice el denunciante, pero la policía siguió adelante con lo que ellos llaman prevención”.

Y agregó “investigaron la ‘operación araña, acción que consistía en vestir y adornar espacios y monumentos públicos de verde llevada a cabo en todo el país en la víspera del debate por el aborto en el Senado, perfiles de Facebook de la colectiva feminista y, a raíz de eso, dicen dar con el perfil de una de las chicas y por eso avalan el allanamiento”.

Consultada sobre la situación del espacio de arte autogestivo PAR detalló “allí es aún peor porque primero para allanar un espacio donde se reúnen personas o lo usan para recreación o instituciones, hay que informar a las personas que están a cargo y no lo hicieron, fueron a avasallar y amedrentar a una chica que da clases de matemáticas, que ni siquiera es de la colectiva feminista”.

Y sostuvo “vigilaron el lugar días antes”, asimismo agregó “el expediente dice textualmente, establecimos un puesto de observación discreto en el sector, apreciándose gran flujo de ingreso y egreso de personas identificadas como partidarias del aborto legal, toda vez que se evidenciaban ello a través de la utilización de un pañuelo verde, prenda que actualmente es símbolo para aquellas personas devotas de dicha ideología”.

Al respecto, en el comunicado sostienen “la autoridad policial efectuó medidas de inteligencia con claro abuso de autoridad (…) concluyendo con el pedido al Juez para el dictado de una serie de medidas, que éste no sólo no refuta sino que avala ordenando tres allanamientos, y requisas personales y vehiculares de las personas y autos que se encontrasen en todos los domicilios”.

Agregando “el resultado de los allanamientos es de una violencia institucional absoluta que afecta la libertad de reunión, de manifestación, de pensamiento, derechos y garantías a la asociación, a la protesta, a la privacidad, a la intimidad, hasta el punto absurdo que secuestran frascos con agua verde, pinceles con pintura verde, pañuelos verdes, cartones, moldes, bolsos con frases nos mueve el deseo, de color verde”.

Afirman también “pediremos al Sr. Juez la nulidad de la causa y al Estado provincial las medidas de investigación en el accionar de la Policía”.

 

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