El gobierno de Tierra del Fuego manifestó nuevamente su rechazo a la continuidad de las acciones de cooperación entre la República Argentina y el Reino Unido en materia pesquera “por ser inconvenientes y claramente negativas para la posición e intereses de la Argentina” ya que los resultados alcanzados hasta el momento “tienen al Reino Unido como único beneficiario y corren el riesgo de consolidar la pretensión británica” sobre Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
En una nota dirigida a la subsecretaria de Malvinas Embajadora María Teresa Kralikas, la Provincia cuestiona el funcionamiento de la Comisión de Pesca en el Atlántico Sur (CPAS) creada en 1990 a partir de los acuerdos alcanzados entre el gobierno menemista y la Corona británica.
Durante los quince años que funcionó esta Comisión, el Reino Unido fortaleció su posición sobre las islas, a través de los cuantiosos ingresos que generó su incipiente industria pesquera, impidiendo a la Argentina pescar y patrullar dichos espacios marítimos, al tiempo que el gobierno colonial de las Malvinas otorgaba licencias de pesca en la aguas en disputa por hasta 25 años.
Este acuerdo en materia pesquera fue suspendido por el gobierno de Néstor Kirchner, al entender que las medidas unilaterales adoptadas por el Reino Unido tenían como único objetivo consolidar su dominio sobre aguas y recursos pesqueros. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri decidió revertir esta medida, retrotrayendo la situación a los años 90.
“Si tales medidas desvirtuaron los objetivos y propósitos de la Declaración Conjunta de 1990, y como bien sabemos y observamos continúan vigentes, entonces continúan por ello desvirtuando los objetivos y propósitos de la cooperación que ha sido reanudada en el año 2016 por el actual gobierno nacional sin que las circunstancias lesivas que generaron su suspensión hayan cesado; y, como se puede observar, continúan tan vigentes y constantes como al momento de su suspensión” señala la nota firmada por el secretario de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas Jorge Argüello.
Por este motivo “y viendo que el mandato de la Comisión de Pesca ha sido reanudado es que solicitamos tenga a bien informarnos si el Reino Unido ha aceptado rever los actos unilaterales lesivos hacia nuestros derechos que llevaron a la suspensión de los acuerdos en materia de cooperación pesquera y que hoy se encuentran reanudados” continúa la nota, ya que esto fue lo manifestado por la ex canciller Susana Malcorra ante el Senado en octubre del 2016 cuando indicó en relación a la reanudación de los mecanismos de cooperación en materia pesquera que «de existir un acuerdo por parte del gobierno británico de rever el régimen de licencias de largo plazo y otras medidas unilaterales, se podría revisar el mandato de la Comisión de Pesca”.
“Dada la falta de voluntad por parte del Reino Unido en poner fin a las medidas unilaterales y a contribuir a la creación de un clima propicio para la reanudación de las negociaciones de soberanía, es que manifestamos nuestro rechazo a la continuidad de las acciones de cooperación en materia pesquera por ser inconvenientes y claramente negativas para la posición e intereses de la Argentina, ya que los resultados alcanzados hasta el momento con el esquema planteado en el marco del Comunicado Conjunto argentino-británico del 13 de septiembre de 2016 tienen al Reino Unido como único beneficiario y corren el riesgo de consolidar la pretensión británica” advierte finalmente la nota enviada a la funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Comisión
El 1° de febrero, a bordo del buque de investigación pesquera ‘BIP Víctor Angelescu’, perteneciente al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), se relanzó la campaña científica entre Argentina y el Reino Unido.
Del trabajo participan dos investigadores del Reino Unido, por lo que esto marca la reanudación de la cooperación bilateral interrumpida por decisión de la administración Kirchner.
Los científicos del Inidep durante 15 años dejaron de compartir información sobre cefalópodos con sus pares del Imperial College y con los investigadores isleños del Departamento de Recursos Naturales de las Malvinas.
La colaboración bilateral resucitó al calor del acuerdo que alcanzaron los cancilleres Jorge Faurie y el británico Boris Jhonson luego de sucesivas negociaciones en torno del Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS), establecido por la Declaración Conjunta del 28 de noviembre de 1990.
El Subcomité Científico de Pesca existe desde 1990 sesionaba con periodicidad pero dejó de reunirse en 2004, cuando Néstor Kirchner canceló su funcionamiento. En 2016 los cancilleres de la Argentina y Gran Bretaña retomaron el diálogo en temas de interés mutuo y la posibilidad de celebrar acuerdos que dejen a resguardo el reclamo sobre las Islas Malvinas, la cuestión del recurso pesquero fue uno de ellos.
El calamar illex es una especie que migra en un recorrido circular desde el Atlántico sur patagónico hacia aguas de la denominada zona de conservación (n.r. en disputa) alrededor de Malvinas, en inglés Falklands Outer Conservation Zone (FOCZ). El seguimiento del stock de illex es indispensable para tomar decisiones sobre el manejo sustentable del recurso.
La economía de las Islas depende en gran medida de la exportación de productos pesqueros a la Unión Europea. Las capturas de calamar a través de licencias de pesca otorgadas por el Gobierno kelper se hacen en ese sector del Atlántico Sur. El Inidep necesita conocer, entre otros datos, el estado de la pesquería al inicio de la temporada, la distribución, las áreas de concentración estival de calamar, estimar la biomasa y abundancia en número de individuos y así poder estimar el escape del 40% de reproductores que será necesario preservar para garantizar el desove y contribuir a la presencia de calamar para la próxima zafra de los poteros nacionales. El 24 de enero pasado en un vuelo de control marítimo la Armada detectó más de 300 pesqueros dedicados a la captura de calamar, alineados en la milla 201. La presencia masiva sin posibilidad de regulación es un factor de alto impacto en la sustentabilidad del caladero.
El BIP Víctor Angelescu tiene planificados 36 días de navegación para completar la evaluación del illex, además se va a trabajar sobre otras especies australes como merluza austral, merluza de cola y merluza negra. El Angelescu está tripulado por personal de la Prefectura Naval una solución que no cayó bien en el ambiente del Inidep, cuyos buques eran conducidos por marinos civiles.
En diciembre de 2018 el Gobierno decidió intervenir el ente científico y designó al contralmirante retirado Marcelo Lobbosco con facultades de director. Se adujo “problemas entre los distintos sectores del organismo (embarcados, científico-técnicos y administrativos), que impiden, entre otras cosas, la realización de las campañas de investigación” según fundamentó el decreto 1127/2018 con las firmas del presidente Mauricio Macri y el Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.
