Nuevamente la CTA salió al cruce en relación a la situación que atraviesan las personas con discapacidad en la provincia en relación con el acceso a las pensiones. Desde la entidad gremial indicaron que “desde que asumió el gobierno de Rosana Bertone se han intensificado las trabas para acceder a las pensiones provinciales de discapacidad. Esta situación se da en el marco de ajuste que golpea a las personas con discapacidad en la obra social, en las prestaciones básicas de salud y más recientemente hasta en el transporte para que los alumnos puedan asistir a los establecimientos educativos”.
En este marco señalaron desde la Comisión de Discapacidad de la CTA que “para vulnerar estos derechos, la Jefatura de Gabinete ha creado una batería de resoluciones y normativas contraria a las leyes vigentes y hasta ha intentado, hasta ahora infructuosamente modificar nuevamente la ley N°389 de RUPE. El ejemplo más claro es la nefasta e inconstitucional resolución Nº 65/16 del Ministerio de Jefatura de Gabinete en la firma de Leonardo Gorbacz que creó “un cupo con orden de prioridades en el otorgamiento de las pensiones ”, en un claro exceso reglamentario, limitando derechos reconocidos por el Estado Constitucional y Social de Derecho en el que vivimos , que busca proteger y garantizar una mejor vida a las personas y sobre todo a este sector tan vulnerable de la sociedad como lo son las personas con Discapacidad”.
Asimismo manifestaron que es necesario aclarar que “para acceder a este tipo de pensiones especiales el aspecto económico del grupo familiar no tiene relevancia alguna y que para el reconocimiento de los mismos no tienen prioridad en su otorgamiento aquellas familias que no posean ingresos o padezcan necesidades tales que los coloquen como posibles sujetos vulnerables. Tampoco la falta de partida presupuestaria, es motivo suficiente para negar este derecho, pues es obligación del Estado adoptar las medidas hasta el máximo de los recursos que disponga para su reconocimiento”.
Por este motivo “La Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma ha patrocinado legalmente de manera gratuita a una veintena de personas con discapacidad que se encontraban esperando el otorgamiento de sus pensiones. La Justicia ha obligado al Gobierno a otorgar las pensiones; en varias oportunidades el Ejecutivo ha apelado las sentencias y en un caso ha llegado al extremo de llevar la negativa ante el Superior Tribunal de Justicia, en un intento desesperado de sentar un precedente que los avale en su política de recorte”.
Finalmente desde la entidad gremial sostuvieron que “mientras tanto, aquellas personas que no conocen la existencia de nuestra Comisión defensora de sus derechos, o que no pueden costearse un abogado particular; aguardan por meses o años que se les otorguen sus pensiones. Algunas excepciones, pueden darse si la familia puede acceder a funcionarios de alto rango; quienes como una dádiva electoral destraban la burocracia para hacer efectivo lo que les corresponde por derecho. El acceso a la Justicia se convierte en un tema central en épocas de ajuste, donde la vía del amparo es la única que garantiza el cumplimiento de las leyes vigentes y esa es otra materia pendiente en nuestra provincia”.
