El viernes terminará la consulta pública convocada por la Secretaría de Energía de Nación y el Enargas, para discutir un cambio en la regulación con la que se establece la tarifa de gas. La propuesta oficial se encamina a avalar un aumento extra en las boletas para este año, para cubrir el costo financiero que tendrían las empresas distribuidoras con la nueva metodología. La confirmación llegará en febrero, cuando se fijen los precios para el invierno.

Según el portal BANegocios, el proyecto impulsado por el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, cosechó fuertes cuestionamientos de las firmas del sector. El principal punto de disenso es la reducción del plazo del pago de las distribuidoras a sus proveedoras, las petroleras, que pasaría de los actuales 75 días a sólo 30, con la que el Ejecutivo busca evitar desfasajes ante saltos del tipo de cambio, como ocurrió el año pasado por la dolarización del precio del gas. La propuesta fue celebrada por la CEPH, la cámara que nuclea a las mayores productoras (YPF, PAE y Tecpetrol, entre otras).

En cambio, las grandes distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Camuzzi y Eco Gas) adujeron que, como ellas cobran sus facturas a los hogares y comercios 60 días después de la entrega, necesitarán financiarse para poder pagarles a las productoras. Estas compañías compran unos $5.000 millones mensuales a las petroleras y, según sus estimaciones, la reforma las obligaría a financiar $2.000 millones.

El plan del Gobierno es trasladar ese costo adicional a las facturas, y las distribuidoras confían en la marcha de las negociaciones y ven como una alternativa viable el traslado del costo financiero a los usuarios. «Eso ya es una decisión del Gobierno», expresaron desde una de las firmas líderes.

El proyecto de Lopetegui contempla, además, una subasta electrónica a mediados de febrero para la compra mayorista del gas, donde el precio sea fijado por la oferta y la demanda, y ya no por el Estado. Por eso, la audiencia pública que estaba prevista para fines del próximo mes para discutir las nuevas tarifas aún no está confirmada.

Mientras tanto, las petroleras piden precisiones sobre el tipo de cambio que se considerará para los contratos de largo plazo. El temor es que, ante una devaluación, se genere una deuda de las distribuidoras, tal como ocurrió el año pasado, cuando su pasivo llegó a $21.000 millones.