Por Fernando Grava.
El párroco de la comunidad Sagrada Familia de Ushuaia, Aldo Marcos Moschetta, experto en derecho canónico y es Vicario Judicial y adjunto del Tribunal Eclesiástico, y reflexionó sobre casos de abusos cometidos por sacerdotes.
En declaraciones realizadas a Radio Nacional Ushuaia el eclesiástico expresó que “hace ya más de 10 años que trabajo como Juez y soy uno de los Jueces del Tribunal Eclesiástico cuya sede está en la Diócesis de Neuquén”.
Y explicó que “en la Iglesia hay tribunales eclesiásticos y hoy, después del motu proprio del Papa Francisco del año 2015, el pidió que los Obispos crearan más Tribunales en sus diócesis solamente para atender los casos de nulidad matrimonial” dado que “estamos abarrotado de laburo, no damos más” y en lo personal “estoy agotado porque tengo que estar en Ushuaia, ir a Río Grande porque mi jurisdicción es toda Santa Cruz y Tierra del Fuego y estoy solo”.
Por lo que “estoy tratando de conseguir algunos laicos que me ayuden para los casos de nulidad matrimonial porque cada vez son más los pedidos y son casos que llevan mucho tiempo y tengo dos parroquias a cargo y la gente necesita que sus casos se resuelvan”.
Y consideró que el aumento de los casos de nulidad matrimonial ahora son mayores porque “antes la gente tenía como prejuicios o miedo” y explicó indicando parte del procedimiento que se inicia cuando las parejas piden que la Iglesia revise el matrimonio, “entonces les pido que me cuenten que sucedió desde el noviazgo, hacemos todo un recorrido por la vida matrimonial, cuando comenzaron las desavenencias y como fracasó el matrimonio”.
Y después de eso “yo tengo que ver lo que llamamos pumus y uris es decir ese olor a que algo no funcionó entonces trato de buscar, según las 25 causales que tiene el Código Canónico para establecer si puede encajar en alguna de esas y en la mayoría, encaja y entonces se inicia una demanda y un proceso que se termina resolviendo en el Tribunal de Neuquén con una sentencia de tres jueces”.
Y aseguró que “los casos que surgen de mi diócesis nunca yo soy juez ponente y me tengo que inhibir porque puedo conocer a las partes”, y “si se determina la nulidad, la misma cuenta para los dos y se comunica a las partes y una vez que se notifica a las parroquias dónde fueron bautizados, a partir de ahí se pueden volver a casar”.
Además reveló que “antes del 2015 nosotros éramos primera instancia y una vez que fallábamos, tenía que ir a un Tribunal Nacional para una segunda instancia y era muy engorroso porque tardaba seis meses más y entonces el Papa vino y barrió con todo eso”.
Finalmente aclaró que “es un mito y es mentira que las causas de nulidad matrimonial n o se hacen porque cuesta mucha plata, eso pasaba antes cuando ciertos abogados inescrupulosos llevaban adelante las causas y se forraban de guita porque cobraban en dólares a la gente” y ahora “se puede tener abogado pero no hay muchos que tengan derecho canónico”.
En cuanto a los casos de los sacerdotes acusados de abuso sexual “una vez que la persona le hace el planteo al Obispo del lugar, el Obispo lo primero que debe hacer es una investigación preliminar y avisarle al sacerdote, en cuestión, que está siendo investigado por presuntos delitos contra menor de edad” dado que si no se trata de un menor de edad “no enfoca en lo que nosotros llamamos los delitos más graves dado que es otro el procedimiento para mayores de edad”.
Por lo tanto, “una vez que el obispo recibe la noticia, tiene que hacer la investigación y se la encarga a otro canonista y eso sucedió, por ejemplo, con Cristián Vázquez” y posteriormente, “todo el expediente de la investigación preliminar lo debe enviar inmediatamente a la Congregación para la Doctrina de la Fe que es Tribunal competente para estos casos y que está en Roma”, y “una vez que la Congregación recibe el expediente, lo lee y le va a indicar al Obispo, como orden, dos posibles dos cosas que haga un canónico penal o un juicio administrativo penal”.
En tal sentido explicó que “uno es uno hecho por un tribunal de tres jueces y el administrativo lo hace el propio obispo ayudado por jueces canónicos pero la pena la pone el Obispo y esto ha pasado en los dos casos que tuvimos aquí” dado que “en el caso de Acevedo se ordenó un administrativo penal y en el caso de Cristian Vázquez un juicio penal”.
Y explicó que en ambos casos “siguen siendo sacerdotes porque eso no se pierde jamás” sin embargo “no pueden seguir ejerciendo el Ministerio públicamente y se les quita las licencias ministeriales y se los suspende hasta que no se defina su situación”. Y reveló que “en el caso de Acevedo el Obispo, en el mes de junio le puso la pena de expulsión del estado clerical que es la pena máxima y esto implica que es ser expulsado del estado clerical y pierde todos los deberes y derechos pasas a ser un sacerdote más” aunque “el único que puede poner la pena máxima en la Iglesia es el Papá que recibe la documentación que le envía el obispo y tiene la última palabra”, además “todo esto es independiente del proceso judicial ordinario”.
