RÍO GRANDE – Desde la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma denunciaron que “en la última reunión de la ex Comisión Interministerial, devenida por decreto en Comité Asesor; el actual Secretario Rojo Vivot, expresó a los presentes el deseo del Gobierno de Tierra del Fuego de impulsar el tratamiento legislativo del proyecto que modifica las Pensiones RUPE” y recordaron que “el proyecto de ley firmado por el Ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz y la Gobernadora Rosana Bertone, presentado en diciembre pasado, había sido girado a comisión gracias a la presión social realizada por las distintas organizaciones que representan a las Personas con Discapacidad (PCD)”.
En este sentido desde la Comisión de Discapacidad de la CTA recordaron que no pueden participar en el Comité Asesor “a pesar del alto grado de representatividad provincial que ostentamos. Tampoco participan de la misma las instituciones de educación formal y no formal de la provincia, ni están representados todos los Ministerios por lo que la representatividad que debería estar garantizada a partir de lo establecido en la Ley N° 48 es nula” cuestión por la cual las organizaciones se pusieron en contacto “y rápidamente comenzamos a redactar nuestro repudio al proyecto de Gobierno y la solicitud a los Legisladores de que sea pasada a archivo”.
Los motivos para esta decisión son que “tal como expresáramos en diciembre este proyecto de ley es totalmente restrictivo. Cambia el foco de la Ley N° 389 que establece a la pensión RUPE como derecho de la persona, e intenta convertir a la RUPE en una ayuda económica para personas con discapacidad en situación de pobreza” al tiempo que agregaron que “la metodología que el Gobierno Provincial aplica para el otorgamiento de nuevas pensiones, es lo que ahora intentan legitimar con este proyecto de ley. Cada vez que hemos patrocinado a personas con discapacidad y a sus familias en la justicia, en virtud de las demoras en el otorgamiento de su pensión, los fallos judiciales nos dieron la razón y sentenciaron que para acceder a este tipo de pensiones el aspecto económico del grupo familiar no tiene relevancia alguna y que para el reconocimiento de los mismos no tienen prioridad en su otorgamiento, aquellas familias que no posean ingresos o padezcan necesidades tales que los coloquen como posibles sujetos vulnerables”.
Asimismo desde la CTA manifestaron que “la falta de partida presupuestaria es motivo suficiente para NEGAR este derecho, pues es obligación del Estado adoptar las medidas hasta el máximo de los recursos que disponga para su reconocimiento. Llamativamente el argumento del presupuesto finito está en los fundamentos de este proyecto de ley” y si a eso se le suma “la violación flagrante al principio de progresividad del derecho (cuando se modifica una ley debe ser para otorgar nuevos derechos) ya que se restringe el universo de posibles beneficiarios y no está claro que sucederá con aquellos beneficiarios que ahora pasarían a no cumplir con los requisitos; por lo que se concluye que este proyecto es manifiestamente inconstitucional”.
Finalmente aclararon desde la organización que trabaja con personas con discapacidad que “el artículo 2, que viene a maquillar este proyecto de ley, a disfrazarlo para confundir a la opinión pública; solo viene a reflotar el inciso e del artículo 18 de la ley N° 389 que nunca fue cumplido y que ya establecía que se abonaría el 50 por ciento de la pensión a aquellos jóvenes que accedieran a un trabajo, con el agravante que ahora le establece un plazo de 6 meses” e invitaron “a las personas con discapacidad a estar alertas y a resistir cualquier tipo de embestida contra sus derechos. Así mismo exhortamos a los legisladores a pasar a archivo este proyecto de ley”.
