“Voy a derogar esa ley, a restituir la situación anterior, ya que el cobro de ese impuesto corresponde a los municipios y no al Estado provincial. Y, por supuesto, voy a retirar la demanda que está en curso en la Corte Suprema”, dijo el gobernador electo a un medio nacional.
El año pasado, luego de una controversia entre el gobierno de la provincia y los municipios por el cobre del impuesto, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió declarar que “la Provincia resulta titular de las potestades constitucionales que determinaron el dictado de la Ley 1075”.
En la Resolución, el superior tribunal fallaba a favor del gobierno provincial, argumentando que “se encuentra ajustada a derecho la decisión de retomar su atribución con las facultades que le resultan inherentes respecto al impuesto inmobiliario sobre todos los inmuebles en su territorio, ya sea que se encuentren en centros urbanos o zonas rurales con el alcance dispuesto en el exordio”.
El fallo generó que desde el Municipio de Río Grande se interponga un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia.
