La iniciativa se trabaja desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri en el Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio, pero retomó velocidad en las últimas semanas, como consecuencia de la negociación de la Casa Rosada con los gobernadores peronistas para llegar a una meta fiscal el año que viene de 1,3% del PBI, lo que requerirá un significativo ajuste de transferencias discrecionales y para gastos de capital (obras públicas).
En ese sentido, la propuesta oficial es también un comodín construido por el oficialismo para poner sobre la mesa de negociación.
La intención oficial es que el proyecto sea consensuado y, de aprobarse, la aplicación será gradual. Esto -dijeron a La Nación en la Casa Rosada- les ofrece a los gobernadores la posibilidad de cambiar la matriz de distribución de impuestos sin ver comprometidas sus gestiones. El cambio total, si se aprueba, llevará entre cuatro o cinco años, estiman los técnicos que trabajaron con las primeras simulaciones.
Entre los principales distritos beneficiados estará la provincia de Buenos Aires, siempre postergada en el debate por la coparticipación. Sin embargo, la gobernadora María Eugenia Vidal ya se había llevado un premio en noviembre con la eliminación del fondo del conurbano y -tras el ahorro previsional- la llegada de $20.000 millones. Hoy Vidal negocia con el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, la posibilidad de hacerse cargo de los gastos y subsidios de algunas empresas de servicios públicos que hoy financia la Nación.
Otras provincias beneficiadas serían Mendoza, Salta y Chubut. Del otro lado tendrían que ceder ingresos Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. «Somos conscientes de que no van a entrar todos. La idea es buscar los consensos necesarios, pero sabemos que no va a haber unanimidad», contó a La Nación uno de los técnicos que trabajó en el proyecto. «La idea es presentarlo este año y tome estado parlamentario. Lo importante es que quienes lo aprueben no pagarán el costo en su gestión», agregó el técnico, al describir la virtud del gradualismo propuesto.
La coparticipación tiene dos dimensiones (o tipos de distribución). Una primaria y otra secundaria. La primaria explica cómo se reparten los fondos entre la Nación y las provincias. Con la decisión de Macri -tras un fallo de la Corte Suprema y un decreto de Cristina Kirchner – de devolver un 15% a Santa Fe, San Luis y Córdoba, y de sumar a los 21 distritos gradualmente hasta llegar a 15% en 2020, el Gobierno cree que ese año el total de los recursos del país estará 50% en manos de Nación y 50%, de las provincias. Para el Gobierno, con ese resultado final esa distribución ya es equilibrada.
La discusión, en tanto, se planteará con la dimensión secundaria, o sea, la redistribución del 50% en manos de las provincias -en base a diferentes coeficientes- entre ellas. Allí, siempre fue la provincia de Buenos Aires la más discriminada. El tema se debate desde hace tiempo en la Comisión Federal de Impuestos (CFI), donde se crearon tres comisiones para comenzar a saldar la deuda que data de la reforma constitucional. Por el Gobierno, quien impulsa el proyecto en el CFI junto a Frigerio es el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero.
La metodología por la que optó el Gobierno, a partir del modelo australiano y canadiense, es la de «capacidades fiscales y necesidades de gasto». Está basada en que las jurisdicciones partícipes tienen diferentes tipos y niveles de actividad y desarrollo. Por lo tanto tienen diferentes bases imponibles. A todas se les exige el mismo esfuerzo fiscal, dado la base imponible de cada una. Por el lado del gasto, se pretende equiparar la prestación de servicios públicos (administración pública, educación, seguridad y salud). «Todas las jurisdicciones deben tener los recursos suficientes para solventar servicios equivalentes», dice la propuesta. Todos los coeficientes serán actualizados según datos registrales. Y si no se pudiera, al censo que elabora el Indec.
