El gobierno de Tierra del Fuego firmó, con el Gobierno nacional y el resto de las provincias argentinas, excepto San Luis, el “Consenso Social por el cual se imponen derechos y obligaciones. Se trata de un ambicioso acuerdo que busca reducir el gasto público, pero paralelamente eliminar gradualmente algunos e inmediatamente otros impuestos distorsivos que recaen sobre la actividad económica.
En todos los casos, el acuerdo también debe alcanzar a los Municipios por lo que el Gobierno de Tierra del Fuego tiene ahora la responsabilidad de lograr y velar que las administraciones locales, con quienes tiene una muy mala relación, cumplan con el acuerdo y eliminan tasas municipales que son distorsivas.
El acuerdo firmado a nivel nacional debe ser ratificado por la legislatura dentro de los 30 días y en ese lapso el Gobierno también debe proponer medidas tendientes a cumplir con el acuerdo. La aprobación legislativa, sin embargo, debería ser un trámite para la administración de Bertone porque cuenta con la mayoría automática en la Cámara, pero en términos políticos tiene mucho por recorrer con los Municipios dado que en el medio también está la disputa por el Impuesto inmobiliario. Además, deberá persuadir a diputados y senadores de la provincia de que lo acordado con la gestión de Macri es bueno para Tierra del Fuego.
La firma del denominado «Consenso Fiscal» el pasado 16 de noviembre entre el Estado Nacional y las provincias argentinas no es un hecho aislado ni producto de una coyuntura planteada dos semanas antes con la reforma tributaria promovida por la administración del Presidente Macri sino que es una consecuencia de un acuerdo previo firmado en mayo del 2016 bajo el título «Acuerdo para un nuevo Federalismo».
En aquel primer acuerdo del 2016 se resolvió, entre las partes, eliminar gradualmente el 15% que se descontaba de la participación para destinarlo a la ANSES.
Luego, en agosto del 2016 las provincias y Nación volvieron a hacer un acuerdo por el cual ambos se comprometían a implementar políticas tributarias destinadas a promover la inversión y el empleo privado, para de esa manera «aliviar la carga tributaria de aquellos impuestos que presentan mayores efectos distorsivos sobre la actividad económica».
En la actualidad, en base a datos del Ministerio de Hacienda se advierte que «del 31% del PBI que la Nación y las provincias cobran de impuestos más de la mitad los recaudan con impuestos muy distorsivos». «Esto es producto de que al no poder cubrir el gasto público con IVA, Ganancias e impuestos a la propiedad se apela a impuestos de mala calidad por lo cual se busca reemplazar gradualmente impuestos distorsivos por tributos más neutrales y progresivos», sin embargo el cambio implicaría toda una revolución dado que hoy más de la mitad de la recaudación nacional es producto de los impuestos distorsivos.
Hoy se considera que hay cuatro impuestos distorsivos: las retenciones a las exportaciones, los aportes patronales jubilatorios, el impuesto a las transacciones financieras y el impuesto a los ingresos brutos generados por ventas que no van al consumidor final.
Desde el Estado nacional sostienen que vienen implementando «un programa de reducción de la carga tributaria, el cual lleva acumulado en los últimos dos años una disminución en la presión tributaria equivalente a dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto»
Por lo que en el acuerdo con las provincias firmado el pasado 16 del corriente se indica que «el Estado Nacional prevé continuar ese programa con una reforma amplia y gradual de impuestos nacionales con el objeto de racionalizar la estructura impositiva, reducir impuestos y promover el crecimiento económico».
El acuerdo
Las partes, Nación y provincias asumen compromisos por igual para aprobar la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno que fuera enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación Argentina y adherir a ese régimen y sus modificaciones antes del 30 de junio de 2018.
En este punto no debería haber inconvenientes dado que se trataría de un proyecto que fue consensuado con las provincias y en el que estuvieron trabajando los Ministros de Economía de los diferentes distritos (ver aparte).
Además, se acordó «Modificar la Ley de Impuesto a las Ganancias» que era una demanda de las provincias que exigían la derogación del artículo 104 hecho al que Nación finalmente accedió. Se trata del artículo que sacaba fondos de la coparticipación, a las provincias, para financiar el ANSES.
Por lo que ahora, mediante el acuerdo, se resuelve «establecer que el importe equivalente al recibido por las provincias en el marco de los incisos b y d del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias se destinará a obras públicas y programas sociales administrados por las provincias».
Con relación al presupuesto del año próximo acordaron 2018 «incluir en la Ley, la transferencia del Banco de la Nación Argentina al Tesoro Nacional de $ 20.000.000 y se prevea la posibilidad de que ese banco público destine hasta un 20% de sus utilidades líquidas y realizadas al Tesoro Nacional.
Como así también «impulsar la modificación del artículo 19 del proyecto que quedará redactado: “Establécese la vigencia para el ejercicio fiscal de 2018 del artículo 7º de la ley 26.075 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 9 y 11 de la ley 26.206 teniendo en miras los fines y objetivos de la política educativa nacional, asegurando la transferencia a municipios de acuerdo a los montos destinados efectivamente para cubrir gastos vinculados a la finalidad y función de educación básica formal de acuerdo con la normativa vigente en cada jurisdicción”.
También se acordó aprobar, antes del 31 de diciembre de este año, la Ley de Revalúo Impositivo y Contable cuyo proyecto fue enviado por el Gobierno nacional al Congreso, previendo la coparticipación de lo recaudado.
También se acordó Prorrogar la vigencia del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, con una asignación específica del 100% de su recaudación a la ANSES, hasta que se sancione una nueva ley de coparticipación federal de impuestos o hasta el 31 de diciembre de 2022.
También se resolvió prorrogar todas las asignaciones específicas vigentes hasta que se sancione una nueva ley de coparticipación federal o hasta el 31 de diciembre de 2022.
Otro punto del acuerdo entre Nación y provincias es la «adecuación del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, el impuesto específico sobre el gasoil y el impuesto específico sobre las naftas de forma tal de mejorar la estabilidad de los ingresos públicos, reducir el impacto de los ciclos de precios del petróleo en los mercados internacionales».
En cuanto al régimen previsional se resolvió «impulsar inmediatamente, dadas las reformas propuestas en el régimen tributario y en la distribución de recursos públicos, la modificación de la fórmula de movilidad de las prestaciones del régimen previsional público para que ellas se ajusten trimestralmente garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación» y a su vez «garantizar haberes equivalentes al 82% del salario mínimo vital y móvil para aquellas personas que hayan cumplido los 30 años de servicios con aportes efectivos»; y «la eliminación de las inequidades generadas por las jubilaciones de privilegio».
En cuanto a la «nueva ley de coparticipación federal de impuestos» se acordó «consensuar una nueva ley de coparticipación federal de impuestos en el marco de la Comisión Federal de Impuestos que esté basada en las competencias, servicios y funciones de cada jurisdicción, con criterios objetivos de reparto y metas de solidaridad, equidad y alcanzar un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades».
También se contempla una «nueva ley de modernización del Estado» que impulse una Administración Pública al servicio del ciudadano, en un marco de eficiencia, transparencia y calidad de servicio».
Compromisos asumidos por el Estado nacional
La Nación se compromete a otorgar compensaciones a las provincias a través de transferencias diarias y automáticas, a las provincias que adhieran y cumplan con el Consenso, con un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos en 2018 resultante de la eliminación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y del aumento de la asignación específica del Impuesto al Cheque. Serán administrados por cada provincia y se destinará a inversiones en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial.
Además, se va a actualizar trimestralmente, en los años siguientes, las compensaciones previstas en el inciso anterior con base en la inflación. Como también se va a «emitir un bono para todas las provincias, excluyendo a la provincia de Buenos Aires, a 11 años, que genere servicios por $5.000.000.000 en 2018, y $ 12.000.000.0000; por año a partir de 2019. Esos bonos serán distribuidos entre las provincias que aprueben el Consenso.
Cajas previsionales provinciales no transferidas
También se acordó modificar el título referido a la Armonización de Sistemas Previsionales Provinciales para eliminar los mecanismos de penalización por no armonización. Y a su vez, adoptar las medidas necesarias para que la ANSES continúe liquidando los anticipos mensuales hasta diciembre de 2017, inclusive, según lo establecido en la Ley Nacional de Presupuesto vigente. Aumentar para 2018 la asignación del presupuesto nacional a las cajas no transferidas en la misma proporción en que se incrementen el resto de las prestaciones previsionales liquidadas por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y mantener un mecanismo de anticipos automáticos, sobre la base de los déficits determinados del año anterior.
Y adoptar las medidas necesarias para que la ANSES establezca un régimen simplificado de remisión de información para determinar el resultado financiero corriente de los sistemas previsionales provinciales.
Por otro lado, se acordó «eliminar subsidios diferenciales para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en materia energética para el ejercicio de 2019 y en transporte para el ejercicio de 2021».
Además, se implementarán Programas de retiro para los trabajadores de la administración pública nacional o provinciales para lo cual Nación va a financiar, con líneas de crédito especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales. Esos programas deberán cumplir con las pautas que establezca el Estado Nacional, las que incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral.
Nación también se compromete a «no crear nuevos impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota del Impuesto sobre los Bienes Personales».
Compromisos asumidos por las Provincias
Sobre el impuesto sobre los Ingresos Brutos se comprometen a eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o la ubicación del establecimiento del contribuyente o el lugar de producción del bien; desgravar inmediatamente los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes, excepto las vinculadas con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios; también deben desgravar los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país; establecer exenciones y aplicar alícuotas del impuesto no superiores a las que para cada actividad y período se detallan en el Anexo. Además, deben adecuar el funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación del gravamen, de manera tal de respetar el límite territorial de la potestad tributaria de las jurisdicciones, según lo previsto en el Convenio Multilateral, y evitar la generación de saldos a favor inadecuados o permanentes, que tornen más gravosa la actuación interjurisdiccional del contribuyente respecto de su actuación pura en el ámbito local.
También deben implementar un mecanismo de devolución automática al contribuyente del saldo a favor generado por retenciones y percepciones, acumulado durante un plazo razonable, que en ningún caso podrá exceder los 6 meses desde la presentación de la solicitud efectuada por el contribuyente, siempre que se encuentren cumplidas las condiciones y el procedimiento establecido.
En cuanto al Impuesto Inmobiliario las provincias deben adoptar para el cálculo y determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles los procedimientos y metodologías de valuación uniformes establecidas por el organismo federal. Para ello, las provincias asegurarán a ese organismo federal acceso a los registros catastrales y demás registros locales. En los casos en que el tributo fuera de competencia municipal, los gobiernos provinciales impulsarán acuerdos para que los municipios apliquen igual criterio para la determinación de la base imponible.
Y deben fijar alícuotas del Impuesto Inmobiliario en un rango entre 0,5%y 2% del valor fiscal establecido conforme lo previsto en el punto anterior.
Sobre el impuesto a los Sellos las provincias deben eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el domicilio de las partes, en el lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente; no incrementar las alícuotas a los sellos correspondientes a la transferencia de inmuebles y automotores y a actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios.
y establecer, para el resto de los actos y contratos, una alícuota máxima de Impuesto a los Sellos del 0,75% a partir del 1º de enero de 2019, 0,5% a partir del 1º de enero de 2020, 0,25% a partir del 1º de enero de 2021 y eliminarlo a partir del 1º de enero de 2022.
En cuanto a los impuestos sobre la nómina salarial se deben eliminar inmediatamente los tratamientos diferenciales basados en atributos del trabajador como lugar de nacimiento, radicación o domicilio, sin perjuicio de admitir tratamientos diferenciales fundados en el lugar donde se desarrolla el trabajo, tal como una zona desfavorable y derogar todo tributo sobre la nómina salarial.
En cuanto a las asignaciones específicas se comprometen a aplicar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) que se transfieran a las provincias a financiar la compra y construcción de viviendas, mejoramientos habitacionales, obras de urbanización, infraestructura y servicios y cubrir los gastos correspondientes. Las soluciones habitacionales financiadas con el Fondo Nacional de la Vivienda deberán priorizar los hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos vitales y móviles. Y destinar los recursos de los fondos viales a sus fines específicos, según lo establecido en sus normas de creación.
Todos los compromisos asumidos en el Consenso deberán cumplirse antes del 31 de diciembre de 2019
Los Poderes Ejecutivos de las provincias firmantes y del Estado Nacional elevarán a sus Poderes Legislativos proyectos de ley para aprobar este Consenso, modificar las leyes necesarias para cumplirlo y autorizar a los respectivos Poderes Ejecutivos para dictar normas a tal fin.
Los deberes que deberán hacer los Municipios
Ahora las provincias tendrán por delante, en especial los Gobernadores, bajar el acuerdo los Municipios de cada jurisdicción, para «establecer un régimen de coparticipación provincial con los municipios» como así también «establecer un régimen legal de responsabilidad fiscal, similar al nacional, impulsar que éstos adhieran y controlar su cumplimiento».
Además, deben lograr la adecuación de las tasas municipales de manera tal que se correspondan con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio y sus importes guarden una razonable proporcionalidad con el costo de este último, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Nacional.
También se deberá «crear una base pública, por provincia, en la que consten las tasas aplicables en cada municipalidad (hechos imponibles, bases imponibles, sujetos alcanzados, alícuotas y otros datos relevantes) y su normativa» como así también
