En la comisión uno se logró un dictamen, pero cuando el proyecto ingresó a la comisión 5, algunos legisladores pidieron hacer una ley para la provincia, sin perder el espíritu de la ley Micaela. Ahora se está definiendo un texto consensuado y final.

La denominada “ley Micaela” contempla la formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.

Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.

El proyecto fue presentado luego del femicidio de Micaela García, la joven de 21 años que fue violada y asesinada a la salida de un boliche, en Gualeguay, por un hombre que ya tenía antecedentes de ataques sexuales. La noticia del crimen de Micaela, luego de siete días de intensa búsqueda, en abril de 2017, generó una fuerte conmoción a nivel nacional ya que la joven participaba activamente del movimiento Ni Una Menos y militaba en el Movimiento Evita. Por el femicidio fue condenado a prisión perpetua Sebastián Wagner, de 30 años.

“Seguramente el martes en la comisión vamos a terminar de definir. Tenemos que hacer una comisión conjunta para ver si están de acuerdo con lo redactado en ese dictamen. Queremos hacer una ley que tenga que ver con nuestra provincia”, dijo la legisladora de la UCR-Cambiemos, Liliana Martínez Allende.

Según la legisladora, “muchas veces adherimos a la ley nacional y en este caso, con los aportes que hicieron los legisladores Boyadjian y Romano hacemos hincapié en que la autoridad de aplicación sea la subsecretaria de políticas de género y que los capacitadores sean de la provincia”.

Uno de los planteos de los mencionados legisladores es que las capacitaciones se deben llevar a cabo “con personal profesional idóneo”.

“Es contradictorio, eso sería imposible que quede así redactado. La mayoría estamos de acuerdo en que tienen que ser profesionales. Pero esto no debemos llevarlo al plano de lo religioso, sino va a haber una disparidad de opiniones terrible”, dijo Martínez Allende por Fm la Isla.

Y advirtió que “somos una de las únicas provincias que no han adherido, además hay provincias que tienen su propia ley. Pero estamos abocados trabajando en esto, los detalles los están manejando los abogados en cómo definir la última redacción y no quede nada librado al azar. Esto no tiene que ver con la objeción de conciencia”.