Luego de la aprobación en la Legislatura Provincial el proyecto por el cual todos los funcionarios, ya sean electos o no, sean sometidos a un test de control de consumo de sustancias prohibidas, la respuesta desde los municipios no se hizo esperar. Tanto el Intendente de Ushuaia Walter Vuoto como su par de Río Grande, Gustavo Melella se mostraron conformes con la nueva Ley aprobada, dejando en claro que una vez que la misma sea promulgada, solicitaran a sus respectivos Concejos Deliberantes la aprobación de un proyecto de adhesión a dicha norma provincial.
En relación al tema, el Concejal riograndense de la UCR Paulino Rossi se mostró satisfecho por lo normado por los parlamentarios fueguinos.
En diálogo con FM Del Sol el edil sostuvo que “estamos muy contentos con esta aprobación que realizó la Legislatura, porque cuando nosotros presentamos el proyecto, por ahí tuvimos mucha resistencia y cuestionamientos a esta iniciativa. Ahora que vemos que hay un consenso unánime en la Legislatura, la Gobernadora y todos los Intendentes en seguir esta línea, obviamente que nos renueva el entusiasmo y las ganas para avanzar en el cual seguramente vamos a plantear dentro de nuestro proyecto la adhesión a esta ley, pero vamos a tratar de sostener ciertas particularidades”. Asimismo, agregó que “Nosotros lo hemos trabajado mucho en comisión, lo hemos discutido en la cátedra de Derecho Constitucional de la UCES al proyecto, teniendo dos pequeñas diferencias con lo ya aprobado y creo que aportan muchísimo y le pueden dar una mejora sustancial”.
Sobre el propio proyecto, Rossi indicó que “Por un lado, es el carácter preventivo, si nosotros ponemos requisitos para aquel que ejerce cargos, me parece fundamental para todo aquel que quiera ser candidato, porque puede surgir que aquel que gane las elecciones y no pueda asumir el primer día porque tiene un problema de adicciones. Nosotros planteamos que sea un requisito para poder postularse para cualquier cargo electivo de la ciudad, el hacerse este test, en el cual se acredite el no consumo de sustancias prohibidas y a su vez, la Ley provincial estipula la destitución y remoción del cargo”. El concejal agregó que “Nosotros lo que planteamos es la suspensión; si un funcionario electo se confirma que consume drogas, se le suspende en sus funciones sin goce de haberes, garantizándole un tratamiento de rehabilitación que es de carácter optativo y en el caso de que la misma institución que fue la que detectó de que esta persona tiene un problema de dependencia a la droga, certifica que tiene el alta y se rehabilitó, pueda retomar sus funciones. Nosotros planteamos la suspensión y no la remoción automática, porque los organismos de remoción ya están establecidos en la Carta Orgánica y que son cuestiones que van por un canal paralelo”, diferenciándose de la Ley aprobada por la Legislatura.
“Estamos muy contentos con esta ley que se aprobó y vamos a ver como lo incorporamos al proyecto nuestro, el cual ya tiene estado parlamentario, fue discutida y debatida, ver de qué manera podemos aprobar esta normativa de la mano a como fue aprobada a nivel provincial”, aclaró Rossi.
La situación con la Justicia
Cabe destacar que el funcionario que sea apartado por un presunto inconveniente de adicciones a drogas prohibidas, se encontraría infringiendo las leyes en el marco de la lucha contra el narcotráfico. En relación a ello, el concejal Rossi aclaró que “nosotros los funcionarios públicos, cuando tomamos conocimiento de un ilícito, no es optativo si hago o no la denuncia; tenemos la obligación de hacerla. Alguien que está comprando, obviamente está sabiendo que alguien está comercializando drogas, hay un incumplimiento en su deber como funcionario público y un encubrimiento, por lo que estaría doblemente agravado y sería un muy buen indicio para un Fiscal para investigar porque estaríamos ante la posible comisión de un delito. Pero teniendo esta información, la Justicia podrá requerir o no para iniciar su canal investigativo, no es facultad nuestra, pero es un punto que se podrá tomar en consideración para trabajar en conjunto con la Justicia”.
Por otro lado, se aclaró que los funcionarios al momento de asumir, entre sus requisitos, no pueden contar con una condena firme, por lo que según lo indicó el concejal, si bien la Justicia podría comenzar a investigar a la persona que dio positivo al test de narcóticos, una vez recuperado y hasta que no cuenta con una condena por parte de la ley, podría retomar a su cargo siempre y cuando haya obtenido el alta del tratamiento de rehabilitación.
“Es un pasito más de lo que aprobó la Legislatura, estamos en la misma sintonía, tenemos el mismo espíritu, pero como hemos desarrollado estas líneas de trabajo, vamos a tratar de dejarlo plasmado en la ordenanza municipal”.
Finalmente, el Concejal Paulino Rossi dejó entrever que el proyecto podría ser tratado en la próxima sesión tras el receso, “ya en ese momento y luego de que la Legislatura sentara un precedente. Ya todos los cuestionamientos técnicos y jurídicos que se habían hecho en su momento fueron confrontados con profesionales de las cátedras de Derecho de la Universidad, lo hemos discutido en comisión. El proyecto va a ser fundado en cuestiones políticas y no en cuestiones técnicas, dado a que las mismas ya se realizaron. Nosotros vamos a pedir el dictamen para que sea votado en el recinto y cada uno tendrá sus argumentos de por qué acompaña o no este tipo de iniciativas. Por otro lado y en el caso de ser aprobado, ya tendríamos la garantía del no veto, ya que la expresión política del Intendente de acompañarlo también nos va a simplificar muchísimo el trabajo de impulsarlo dentro del Concejo”, concluyó el edil.
