Por Pablo Riffo.
La visita del constitucionalista Eduardo Barcesat y la recomendación de que de que las provincias sancionen leyes de protección de sus recursos naturales frente a la posibilidad de que éstos se constituyan en garantía de operaciones de crédito público que realice el Estado Nacional, desembocó en un proyecto de ley presentado por la gobernadora de la provincia, Rosana Bertone.
El mismo establece en dos artículos por un lado “el dominio originario de la Provincia de Tierra del Fuego sobre sus recursos naturales de dominio público y privado”; como también la aclaración de que “Los Recursos Naturales pertenecientes a la Provincia no podrán constituir, en ningún caso, garantía directa o indirecta de las operaciones de Crédito Público que concrete el Estado Nacional”.
Dentro de los argumentos del proyecto, la mandataria provincial afirma que “resulta público y notorio el proceso de creciente endeudamiento al que el Gobierno Nacional ha sometido al país en el transcurso de los últimos años, y el peso que el cumplimiento de las obligaciones contraídas significará para todos los argentinos”.
Bertone cita el decreto nacional N° 29/2017 cuestionado ya en otras provincias patagónicas como la de Neuquén donde los diputados nacionales del Frente para la Victoria María Emilia Soria (Río Negro) y Darío Martínez (Neuquén), manifestaron que el Poder Ejecutivo «está hipotecando los recursos naturales de la república como garantía de pago de las operaciones de deuda externa».
Algo similar sucedió en Santa Cruz, que el 25 de abril de este año sancionó la Ley de Protección de los Recursos Naturales. La ley 3.651 que consta de tres artículos donde se remarca que “los recursos naturales del territorio de la provincia de Santa Cruz como son los yacimientos hidrocarburíferos, líquidos y gaseosos, fósiles y minerales como el carbón u otros, incluyendo los turísticos e hídricos” además de los correspondientes por plataforma marítima continental; “no pueden ser considerados como toma de garantías de bienes de cambio en las operaciones financieras que lleve adelante el Gobierno Nacional con organismos y entidades, en las formas de toma de empréstitos, deuda, emisión de bonos del tesoro nacional u otros afines de intereses foráneos y extranjeros”.
El artículo 1 insiste en que “los recursos son patrimonio inalienable e imprescriptible del territorio santacruceño; y cita el Artículo 124 de la Constitución Nacional Argentina que expresa que «corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio». Un artículo 2 que deroga toda ley que se oponga a la misma y un tercero que establece la comunicación al Ejecutivo.
El origen de la ley es el mismo que motiva la presentación del proyecto que Bertone introdujo en la Legislatura. “Se trata aquí de proteger el federalismo frente a un posible atropello de las autonomías provinciales por parte del Estado Nacional y de los organismos internacionales de crédito” insiste la mandataria en los argumentos del proyecto.
El Abogado Constitucionalista Eduardo Barcesat en contacto con Tiempo Fueguino destacó el proyecto se encuentra en línea con lo propuesto hacia la gobernadora en su encuentro días atrás.
Para el letrado, los decretos del presidente Mauricio Macri “lesionan las disposiciones de los artículos 1 de los pactos internacionales de Naciones Unidas, tanto entre derechos civiles y políticos como el de derechos económicos, sociales y culturales; comienzan con la misma cláusula por énfasis que establece el derecho de la autodeterminación de los pueblos, su derecho a la independencia económica y, lo que más interesa, la titularidad de los pueblos sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales.
“Me interesa porque esas dos normas son las de mayor jerarquía del derecho internacional de derechos humanos, comprenden toda la órbita de Naciones Unidas y por lo tanto son vinculantes e invocables y oponibles” insistió.
Oposiciones y acuerdos
Tras conocerse el proyecto el legislador por la Unión Cívica Radical, Pablo Blanco consideró que es “incoherente”. “No le puedo plantear a Nación que no puede poner sus recursos en garantía de créditos externos, cuando la provincia sí lo hizo” especificó el parlamentario quien consideró que “en tiempos de campaña uno puede hacer cualquier cosa, pero me parece que hay que tener un poco de memoria, y resistir algún archivo”.
Sobre este punto, Barcesat aclaró que no existe contradicción con la toma de deuda de la provincia como quiere señalar el legislador Blanco. “La gobernación y la Legislatura provincial, porque fue aprobada por ley de la provincia, están autorizados a hacerlo sobre sus riquezas y recursos naturales” recordó.
“Si es bueno, malo, cuestionable o no, eso que lo decida el pueblo fueguino. Pero si el control de legalidad da 100 puntos a favor de lo que se hizo en la provincia” insistió el letrado quien remarcó que “no tiene ninguna contradicción, solamente alguien que desconozca el sentido del artículo 124 de la Constitución Nacional puede incurrir en tamaño despropósito”.
Quien sí manifestó su acuerdo en este sentido es el actual intendente de Río Grande, Gustavo Melella. El también candidato a Gobernador, tras haberse reunido con el propio Barcesat, adelantó su compromiso de apoyar la sanción de una norma que establezca que las riquezas y recursos naturales de Tierra del Fuego no serán garantía de compromisos de deuda externa contraídos por el Gobierno Nacional.
